Controversia nuclear
Los datos sobre el incremento de incidencias nucleares en las centrales españolas, hasta un 150% en los últimos cinco años, que revela hoy este periódico, obligan a realizar una profunda reflexión sobre la seguridad de estas plantas, aunque la constatación de que ha disminuido su gravedad contribuye a apuntalar la confianza en que no representan amenaza alguna para las personas y el medio ambiente. A lo largo del año 2007 de los 94 incidentes reportados 92 fueron de nivel cero, es decir, sin relevancia alguna sobre la seguridad. Sin embargo, la proliferación de incidencias ha propiciado la reaparición de un preocupante clima de inquietud en la opinión pública y en el entorno geográfico de las centrales. El encono de la habitual controversia entre los organismos de control como el Consejo de Seguridad Nuclear, los responsables de las plantas de producción y las organizaciones ecologistas adquiere, en medio del debate abierto sobre la conveniencia de construir nuevas centrales y prolongar la vida de las antiguas una mayor repercusión. Porque mientras las empresas y los organismos supervisores certifican que las centrales españolas poseen niveles de seguridad homologables internacionalmente, los activistas antinucleares desconfían de la información procedente de las plantas y recelan de la aplicación de criterios estrictos en la calificación de los incidentes.
Actualizado: GuardarY, aunque es ilusorio pretender zanjar una polémica que viene enfrentando a ambos sectores desde hace décadas, no sería aceptable renunciar a actuaciones que despejen las sombras de desconfianza e incertidumbre en una opinión pública que, más allá de los debates técnicos reclama plena seguridad tras un verano que ha registrado diez sucesos reseñables en las plantas españolas. Independientemente de que se cumpla la normativa vigente, como ha garantizado el CSN, el envejecimiento de las centrales en activo y el mayor rigor con los mínimos incidentes hacen aconsejable incrementar el número de inspecciones desde los organismos de control y una ampliación de las inversiones en mantenimiento de las empresas propietarias. De manera que, sea cual sea la decisión sobre el futuro de la energía atómica en España, en ningún caso resulte condicionado por cuestiones de seguridad sino por razones de eficacia y rentabilidad.
