Solbes en el Congreso
Según lo decidido en la última reunión de la Diputación Permanente, el jueves comparecerá el vicepresidente económico en el Congreso para explicar los planteamientos del Gobierno sobre la futura financiación autonómica. Puesto que en aquella ocasión se decidió también que la negociación sobre este asunto se realizaría en tres meses, no es probable que Pedro Solbes plantee una solución cerrada, sino apenas unas bases para empezar a hablar. Cabe, pues, especular sobre el contenido de esta delicada intervención, que tiene por objeto aplacar los ánimos, proponer un método de trabajo y facilitar el acuerdo en una coyuntura en que el principal designio ha de ser minimizar la crisis económica.
Actualizado: GuardarEn primer lugar, Solbes debería hacer pedagogía utilizando los resortes del sentido común. Ya en 1996, las exigencias catalanas sobre la financiación, plasmadas en el Pacto del Majestic, fueron extendidos a todas las comunidades de régimen general. Aquella concesión costó al Estado unos 12.000 millones de euros que ya no gestionó la Administración central, sino las autonómicas. Ahora, pese a que Cataluña cuente con un nuevo Estatuto, la situación no es muy distinta, aunque la exigencia es doble: de un lado, reclama más recursos, que son efectivamente necesarios para atender una evolución demográfica que no ha sido tenida en cuenta; de otro, solicita que la solidaridad interterritorial se mitigue de forma que el Fondo de Compensación afecte a las áreas más sensibles, pero no a las demás. Por razones obvias, para atender la primera demanda, habrá que incrementar la disponibilidad de recursos no sólo para Cataluña sino para el conjunto de las autonomías, de forma que Cataluña reciba la partida adicional que reclama (unos 3.500 millones de euros, según las Cámaras de Comercio; algo más de 2.000 millones, según la propia Generalitat y unos 1.000 millones, según Solbes), lo que supondría aportar una cantidad entre 12.500 y 15.000 millones de euros para todo el Estado. Y en lo referente a la solidaridad, Solbes quiere introducir en el fondo otras partidas, como la Justicia.
En segundo lugar, el realismo político ha de manifestar cuáles son las disponibilidades actuales. El nuevo sistema de financiación representaría un gasto adicional de entre el 2% y el 2,5% del PIB. Éste era, más o menos, el superávit público que el Estado había conseguido establecer hasta 2007. Pero los tiempos han cambiado: el superávit se ha esfumado y las circunstancias aconsejan incrementar la inversión productiva y obligan a disponer de recursos suficientes para atender las necesidades sociales suscitadas por la nueva situación. En otras palabras, llegan tiempos de vacas flacas y todos tendremos que apretarnos el cinturón.
En estas circunstancias, parece inevitable negociar la nueva financiación de tal forma que su implementación sea compatible con la coyuntura. Habrá que resolver las necesidades más perentorias y acomodar el proceso global a la evolución de los acontecimientos. En otras palabras, quizá la nueva financiación haya de establecerse gradualmente, a medida que se produzca la recuperación económica. Cabe, pues, obtener una fórmula de aplicación paulatina, de acuerdo con las posibilidades reales de un Estado que, a día de hoy, no puede ni siquiera plantearse una revisión al alza de la carga impositiva.
De cualquier modo, lo más urgente y perentorio es elaborar una política presupuestaria que reactive la economía en la medida de lo posible y que facilite el deslizamiento del viejo modelo de crecimiento a otro basado en la productividad. Es de esperar que todos los grupos coincidan en esta vital apreciación.
