Nuevas escaramuzas en la batalla de Chiclana
Al menos que ocurra un imprevisto, antes de que concluya el próximo septiembre el PSOE, puede recobrar la Alcaldía de Chiclana. Si las negociaciones entre los socialistas e IU llegaran a buen puerto a escala autonómica, sólo quedaría por concretar la postura del PSA, cuya concejala chiclanera María de los Angeles Polanco está pendiente de la asamblea del partido del próximo 5 de septiembre para tomar una decisión al respecto. Con su respaldo y con el de la izquierdista Nadine Fernández, los once concejales socialistas contarían con una mayoría cualificada para plantear una moción de censura. Claro que entre las condiciones para incorporarse a dicho acuerdo, el PSA podría plantear el órdago de repescar a los dos concejales disidentes de IU, esto es, el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo José Pedro Butrón y José Antonio Blanco, que siguen sin dimitir de sus responsabilidades en el cuatripartito que el PP mantiene con el PSA y el PA.
Actualizado:Esta misma semana se ha producido la denuncia del PP de Chiclana, por prevaricación por omisión, contra dos alcaldes y cinco cargos públicos del PSOE en relación a 1.717 sanciones urbanísticas, que habrían sido archivadas sin ejecutar entre los años 2003 y 2006. Los conservadores han hecho bien en trasladar el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Los datos denunciados constituyen serios indicios del caos urbanístico vivido por la ciudad durante su fulgurante despegue urbanístico y turístico. Pero, en gran medida, no son nuevos: ya en 1996 PSOE, IU, PP y los andalucistas sugirieron al Consistorio que no ejecutara las sanciones, dado que en muchos casos eran discriminatorias y, en otros, impopulares. Estaba claro que el Ayuntamiento no podía incumplir la Ley salvo por un motivo técnico: la falta de capacidad administrativa para ejecutarlas ya que dichos procedimientos hubieran generado un cúmulo de burocracia que los servicios municipales no podían afrontar. Lo cierto es que se quiso reconvertir el importe de las multas en una suma a cuenta para la urbanización de las 30.000 viviendas irregulares. Así se sustanció en las primeras ordenanzas de regularización, que aprobó el equipo de Gobierno anterior poco antes de las últimas municipales y fueron revocadas por los actuales mandatarios de Chiclana, que procedieron a redactar sus propias ordenanzas. Estas, sin embargo, hoy no cuentan con suficiente respaldo de los colectivos vecinales .
Dicho todo ello, es verdad que sólo se procedió a ordenar el cobro de 15 sanciones, aunque sólo diez de ellas pasaron por intervención lo que, a juicio de los denunciantes, habría supuesto un impago de 100 millones de euros para las arcas municipales. Los datos que maneja el PP se relacionan con una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, a partir de la instrucción de una denuncia previa en relación al archivo del expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento en 1998 contra el actual secretario de organización del PSOE de Chiclana, José Luis Ruiz Piñero, que aquel año habría ampliado a una tercera planta su vivienda y cuya orden de demolición no se ejecutó nunca. Sin embargo lo que cabe preguntar es qué capacidad de cobro de sanciones ha tenido el actual equipo de Gobierno desde que ocupó la Alcaldía hace año y medio.
La mancha de una mora con otra verde se quita, podría pensar el PP a raíz de la reciente incoación de un expediente urbanístico contra una empresa del propio alcalde, Ernesto Marín, con propuesta de sanción de 4.449 euros por la realización de obras sin licencia en una nave cuando ya ocupaba ese cargo. Aunque el primer edil ha anunciado que quizá plantee un recurso de reposición contra la sanción, el PP lo considera una minucia. Se trata de un procedimiento ejemplar muy distinto al que Butrón ha incoado contra su ex compañera Nadine Fernández por unas obras en su casa, que considera ilegales y no legalizables, al contrario de las acometidas en la factoría de Marín.
El principal cargo que, hasta ahora pesaba contra el ex alcalde socialista de Chiclana, José María Román, estribaba en el llamado caso Coto San José, pero salió limpio del litigio por la supuesta aceptación, en noviembre de 2004, de una parcela que parecía libre de cargas pero sobre la que pesaban hasta seis embargos, a lo que se sumó una denuncia por prevaricación. Más allá de lo que ocurra en los juzgados, el PSOE parece ser el único partido en Chiclana que mantiene una cierta cohesión interna en esta larga tormenta política. Quizá por eso mismo, por su expulsión del paraíso de la Alcaldía. Dentro del PP local circula un Manifiesto para la ética de la gobernabilidad, que pone en cuestión al actual alcalde. Y quienes respaldan al ex socialista Butrón, en contra de la dirección provincial de IU, cada vez son menos y, en muchos casos, allegados. Sin embargo, la división de los andalucistas en Chiclana, no obedece a causas locales sino al cisma entre PA y PSA que se soslayó con un bloque en las últimas autonómicas. Ahí, la posición de la concejala Polanco es tan sólida que no admite presiones, ni de sus pretendientes socialistas ni de sus actuales socios mayoritarios en el Consistorio. Se admiten apuestas, pero será quien resuelva esta intriga. La solución, a finales de septiembre.