El Ayuntamiento insiste en que la tramitación del PGOU se ajusta a la ley

El Gobierno municipal salió ayer al paso de las acusaciones del PSA sobre la legalidad en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y aseguró que la argumentación esgrimida por dicho partido «es totalmente insustancial y carece de fundamento jurídico».

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, lamentaba que «las acusaciones vertidas por el PSA pretendan nuevamente frenar y poner coto al progreso socioeconómico de la ciudad con críticas poco constructivas hacia un Plan que se convertirá en un potente instrumento de desarrollo y crecimiento».

Añadía que el proceso para la elaboración del Plan se ha desarrollado con «total seriedad, transparencia y rigurosidad, que se ajusta escrupulosamente a la legalidad». Y criticaba que la oposición «continúe instalada en una actitud de reiterado rechazo a cualquier proyecto que el Gobierno que preside Pilar Sánchez pone en marcha en Jerez e intente confundir a la ciudadanía».

Pero el delgado iba aún más allá en sus ataques a los andalucistas: «Está claro que el PSA lleva más de dos décadas intentando que Jerez sea una ciudad aislada, pero este Gobierno socialista, con su forma de gobernar, siempre de la mano de otras administraciones, va a seguir en su empeño de alcanzar el mejor proyecto de ciudad».

Juan Pedro Crisol también quiso apuntar que «el Grupo Municipal del PSA y su portavoz, Juan Román, parecen mostrar una absoluta desinformación con respecto a la ratio de habitantes por vivienda contemplado en el POTA, ya que precisamente ayer mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, hacía público dentro del paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno andaluz para paliar los efectos de la crisis, la rebaja del coeficiente de habitabilidad de la VPO, de 2,7 a 2,4, para lograr que aumente la construcción. Asimismo, se reducirán los trámites para la aprobación de los planes de ordenación y calificación de la vivienda protegida».

De todas formas, el Gobierno local «exige al PSA que deje cualquier intento de boicotear este proceso, que ha contado desde el inicio con una amplia participación de la ciudadanía y del conjunto de los agentes políticos, sociales y económicos impulsada por el propio Gobierno en aras a conseguir el mayor consenso posible. Es por ello, que si tanto el PSA como el resto de grupos de la oposición siguen instalados en el 'no' al nuevo modelo de ciudad para los próximos diez años, serán ellos los que deberán responder seriamente a la ciudadanía por primar intereses particulares o partidistas por encima del interés general».