Colectivos sociales piden que se revise la ley para evitar más agresiones

La detención de J. M. O. C, un jerezano afincado en Ceuta acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años en unos grandes almacenes de esta ciudad, ha desatado la voz de alarma entre los diversos colectivos sociales. Aunque cada uno se ha expresado en unos términos distintos, el mensaje común que se desprende de todos los discursos es la sensación de desamparo con respecto a determinados tipos de delitos, y la exigencia a la justicia y a las administraciones públicas de que tomen cartas en el asunto, e impidan que se produzcan nuevos episodios de este tipo.

Cabe recordar que el imputado ya fue detenido el pasado mes de enero por un presunto chantaje de tipo sexual a cuatro menores jerezanas, a través de internet. Por ello, lo primero que se pregunta la ciudadanía es cómo es posible que esta persona, que cuenta con antecedentes similares de apenas unos meses atrás, estuviera en libertad y pudiera seguir contactando con las niñas, como con la supuestamente agredida, a la que conoció en la red.

En este sentido, sin embargo, la respuesta está clara. Los letrados Álvaro Cosano y Pedro J. Pérez, consultados por este medio, han explicado que el hecho de que el individuo en cuestión se encontrara en libertad era prácticamente inevitable, dada la legislación actual y uno de los principios básicos por los que se rige, que es la presunción de inocencia. «Habría que ver el delito que se le imputaba en el primero de los casos -apunta Cosano-. Si no hubo contacto sexual y el delito no fue flagrante, la prisión provisional, si es que la cumplió, no suele durar mucho tiempo, por lo que probablemente estaría en la calle a la espera de juicio».

En esta ocasión, sin embargo, cambian las circunstancias y, como señala Pérez, se dan los tres requisitos necesarios para que el acusado ingrese en prisión de manera preventiva y permanezca en la misma hasta el señalamiento del juicio, aunque eso dependerá del magistrado que lleve el caso. «Lo procedente es que se dictamine la prisión provisional porque se dan los tres condicionantes que señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal: hay una alarma social, existe riesgo de fuga y el delito supone penas superiores a los dos años, por lo que la cárcel está prácticamente asegurada».

Las penas contempladas en este supuesto, a diferencia de lo que se puede juzgar por su delito anterior, pueden suponer un mínimo de cinco años de internamiento por abusos, que se verán incrementados teniendo en cuenta los detalles y las circunstancias de la agresión o el delito que se haya cometido. Ana Martínez, coordinadora del programa de Menores de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez, ha subrayado la necesidad de que la ley se vuelva más estricta en el control y prevención de los delitos que tienen que ver con internet.

«Hoy en día los padres tienen medios para enfrentar estas cosas como los filtros en los ordenadores, pero aún así los niños tienen acceso por múltiples vías a estas páginas. Por ello, una de las soluciones sería la de ejercer un control más estricto sobre la información de tipo sexual». Martínez también ha aludido a la posibilidad de que se cree un registro, como ocurre en otros países, en el que se incluya a los pederastas, algo que sin embargo «podría atentar también contra los derechos de estas personas». Por ello, considera que lo más acertado sería exigir una mayor agilidad al sistema judicial, y que los procedimientos de este tipo tuvieran una prioridad absoluta de resolución, con respecto al resto.

Desde la asociación de vecinos Solidaridad y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres (Flampa), son aún más contundentes cuando piden incluso, en el primero de los casos, la cadena perpetua para delincuentes sexuales cuya reinserción, además, está prácticamente descartada la gran mayoría de las veces. «Es evidente que la justicia no ha hecho bien su trabajo -sentencia el presidente de la federación, Santiago Casal-. Además, hay una falta total de recursos, por lo que pedimos al Gobierno que invierta más en medios tanto materiales como humanos».

La presidenta de la Flampa, Rosa Saborido, solicita una revisión urgente de la legislación, porque «es lamentable que pasen estas cosas». Saborido insiste en la formación de los padres como herramienta indispensable para luchar contra el problema, ya que «si no sabes encender un ordenador, poco vas a hacer al respecto». Así, exige la implicación de la justicia, las administraciones y los progenitores, que han de procurar conocer en todo momento lo están haciendo sus hijos.

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