Los vecinos de los diseminados irán a los tribunales si no hay una solución

El teniente de alcalde de Vivienda de El Puerto, Antonio Jesús Ruiz, y los representantes de la coordinadora de asociaciones vecinales, Coave, se reunieron ayer con el objetivo de encontrar una solución al problema de los diseminados, que «demasiado tiempo está durando», denuncian los ciudadanos afectados. Es tal el hartazgo que los propietarios piensan ya en acciones legales.

En la reunión se pidió al concejal que ejerciera de «árbitro» entre el equipo de Gobierno y la representación social, con la idea de establecer una mesa de negociación. En la próxima reunión deberán estar sentados, por lo tanto, el alcalde, Enrique Moresco; la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra; y el concejal de Comercio, Francisco Aguilar, por parte del consistorio. Pero también habría que invitar a Manuel Ángel González Fustegueras, ya que es quien está realizando el Plan General de Ordenación Urbana.

Ruiz se ha mostrado de acuerdo, según explicó José Antonio Castro, representante de la coordinadora, «ya que siempre hemos optado por vías pacíficas a la hora de abordar estos temas», bien sea a través de recogidas de firmas o con los protocolos de luz y agua.

En principio, parece que las negociaciones tendrán un carácter conciliador puesto que el alcalde, con el que han establecido contacto, «muestra una buena voluntad por arreglar las cosas, dándole al asunto absoluta prioridad», por lo que en los próximos días tendrá lugar la mesa de negociación.

Sin embargo, aunque los vecinos están dispuestos a pagar las multas que debieran, no aceptarán el pago de las coercitivas como moneda de cambio, debido a que les parece injusto y que «están recibiendo un trato desigual al de otros pueblos». Hay cientos de familias en los diseminados que tienen que hacer frente a más de 50.000 euros en multas coercitivas, lo cual está generando un problema social.

Además, se muestra contundente al mencionar «la permisividad de las administraciones locales y autonómicas, que nunca han puesto freno a las viviendas ilegales» y que son las que han provocado esta situación.

Así pues, si no se consigue encontrar una solución al problema, la coordinadora ha tomado la decisión de recurrir a las vías legales, ya que los vecinos «están cansados» de esperar. De hecho, tras un estudio inicial, cuentan con tener una resolución positiva del problema.

El representante de Coave recuerda que «la sociedad de El Puerto está impregnada de casas ilegales sin distinción de clases sociales». Esto se debe en gran medida a que mientras la población se ha dedicado a crecer y expandirse de manera muy rápida, el Plan General de Ordenación Urbana no ha visto una modificación desde hace 30 años, cuando lo normal hubiera sido haber contado ya con cuatro nuevos PGOU en ese tiempo.