Tres detenidos más por la trama de corrupción de ex altos cargos del Gobierno de Baleares

Tres personas más han sido detenidas este miércoles en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por una supuesta trama de corrupción en el Consorcio de Turismo Joven del Gobierno insular durante la anterior legislatura del PP.

Las tres detenciones se suman a la de las seis personas que fueron arrestadas el pasado lunes. Tres de ellas quedaron en libertad y el resto permanece en las dependencias de la Policía Nacional de Palma. Además, ayer se produjeron dos imputaciones más.

A lo largo de hoy han seguido prestando declaración los primeros arrestados. El ex director general de Juventud del Ejecutivo balear durante la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez (PP), ha decidido acogerse a su derecho de no declarar después de comparecer en las dependencias de la Policía Nacional por la supuesta trama de corrupción del Consorcio de Turismo Joven.

Según fuentes de la Fiscalía, al ex director general se le preguntó dos veces y en ambos casos rechazó hacer declaraciones sobre la presunta trama, por la que en estos momentos se encuentra detenido el ex gerente del Consorcio, Damiá Amengual (PP), que también se acogió ayer a su derecho de no hablar.

Gálvez llegó a las dependencias policiales de Palma alrededor de las 10.00 horas junto con su abogado, Bartomeu Vidal -que también ejerce la defensa de Amengual- y apenas estuvo dentro diez minutos.

La Policía Nacional prevé que "casi con toda probabilidad" las diligencias del caso terminen en las próximas horas, aunque reconoce que es habitual que en casos "tan complicados y ramificados" se agote el plazo de 72 horas que marca la ley para que los detenidos pasen a disposición judicial.

Acusaciones de malversación y cohecho

Junto a Amengual está detenido el jefe de servicios y mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, también alto cargo del PP en la pasada legislatura, y su esposa, María Auxiliadora Pérez. Se enfrentan a acusaciones por delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La principal acusación se basa en que Gosálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Ejecutivo insular en la anterior legislatura -pocos días antes de las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Joven.

Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gosálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Gobierno de Jaume Matas, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando el alquiler, fijado en 4.500 euros al mes. A los detenidos también se les imputa el pago de varias comisiones en diferentes obras.