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El abogado Bartomeu Vidal, que asiste al ex gerente del Consorcio de Turismo Jove, Damià Amengual, en las inmediaciones de las dependencias de la Jefatura de Policía de Palma de Mallorca. /EFE
en libertad tres de los detenidos

Dos imputados más en la trama de corrupción de ex altos cargos del Gobierno balear de Jaume Matas

Están acusados de delitos de presunta malversación de caudales públicos

EFE |
PALMAActualizado:

Otras dos personas han sido imputadas por la presunta trama de corrupción del Consorcio de Turismo Joven del Gobierno de Baleares durante la pasada legislatura, que ayer se saldó con la detención de seis personas, de las que tres permanecen en las dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Los dos nuevos imputados están acusados también de delitos de presunta malversación de caudales públicos.

Fuentes policiales han confirmado que los tres detenidos que se encuentran en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía, en Palma -después de que ayer los otros tres fueran puestos en libertad-, comparecerán mañana ante el juez.

Entre los seis detenidos ayer se encuentran dos ex altos cargos del Consorcio de Turismo Joven del Gobierno insular en la pasada legislatura y cuatro trabajadores de la entidad, que se enfrentan también a una acusación por prevaricación, cohecho, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Ex altos cargos del Gobierno de Matas

Los implicados son el ex gerente del Consorcio Turismo Joven, Damià Amengual; el contable de la entidad, Jaime Cerdà; el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gozálbez; y la esposa de este último, María Reyes Carbonell. El quinto detenido es Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el sexto el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no ha trascendido.

Fuentes policiales han señalado que los seis detenidos son "antiguos responsables, a diferentes niveles, del Consorcio de Turismo Joven de Baleares". Se les imputan el pago de varias comisiones en diferentes obras.

La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Gobierno de Baleares en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebrarán las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Jove.

Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Ejecutivo controlado entonces por Jaume Matas, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.

Ex altos cargos del Gobierno de Matas

La ex consellera de Presidencia y Deportes del Govern balear en la pasada legislatura, Rosa Puig, departamento al que pertenecía el Consorcio de Turismo Joven, ha negado que supiera de ninguna irregularidad en el seno del organismo y ha asegurado que no dimitirá de su cargo como consellera insular en la oposición porque no está imputada ni ha hecho "nada" y ha recordado que un consorcio es un entidad que "funciona de forma autónoma".

El secretario general del PP balear, Guillem Estarellas, ha anunciado que su formación ha abierto expediente informativo a los dos militantes acusados de malversación de fondos públicos porque "no hay cabida para personas que no cumplen la legalidad de forma escrupulosa" y ha pedido a la justicia que actúe siempre "con el mismo rasero" porque ha considerado que hay "otros casos que parece que están durmiendo el sueño de los justos".

Por su parte, el presidente del Govern, Francesc Antich, ha anunciado que su gobierno ha incrementado el número de interventores en todas las consellerias para corregir casos como el del Consorcio de Turismo Joven. Antich ha señalado que, de este modo, el ejecutivo balear trata de "analizar cómo estaban las cuentas heredadas del anterior Govern", presidido por Jaume Matas, al tiempo que se facilita que haya también "el máximo control de las cuentas en el actual Govern".

Además, el alcalde accidental de Palma, Miquel Nadal, ha considerado necesario "recuperar la ética y los valores a la hora de gestionar lo público" y lograr la "transparencia para el cumplimiento de la legalidad".