Urbanismo busca fórmulas para facilitar los pagos de las multas coercitivas
Los vecinos exigen la paralización total de los expedientes sancionadores El alcalde deja claro que «es un procedimiento legal que hay que cumplir»
Actualizado:El Ayuntamiento está estudiando fórmulas para facilitar los pagos a las familias que tienen que hacer frente a millonarios expedientes sancionadores por haber construido las viviendas sin licencia en terrenos no urbanizables.
Esta postura queda lejos de la solicitud que la coordinadora de asociaciones vecinales, Coave, realiza porque los vecinos exigen la suspensión total de los expedientes sancionadores que afectan a las zonas que van a ser catalogadas como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) que el Ayuntamiento está reelaborando actualmente.
Pero en este aspecto el alcalde, Enrique Moresco, se muestra tajante. «Es un procedimiento legal que surge como consecuencia del modo en el que han construido sin licencias y contra eso no se puede hacer nada». Además, el alcalde deja claro que «los expedientes vienen del mandato anterior y que la ley hay que cumplirla». La única posibilidad a la que pueden acogerse los vecinos es a las facilidades de pago que el área de Economía está estudiando conjuntamente con Urbanismo y que el alcalde hará publicas una vez que los técnicos de ambas Concejalías se reúnan a lo largo de esta semana.
Hay que recordar que desde hace unos meses están llegando multas coercitivas a los vecinos de los diseminados. En algunos de los casos los expedientes sancionadores ya superan los 100.000 euros. De hecho, ya hay familias con las cuentas embargadas al no responder a los requerimientos sancionadores.
Desde Coave, José Manuel Revuelta asegura que «en el Ayuntamiento falta voluntad política para dar un golpe en la mesa». El representante vecinal recrimina al equipo de Gobierno que «no busque fórmulas para paralizar los expedientes que están ahogando a las familias».
El presidente del colectivo, José Antonio Castro, recuerda que los diseminados que fueron legalizados en el Plan General de 1992 no tuvieron que hacer frente a expedientes sancionadores. Por ello, asegura no entender «por qué las familias de los diseminados que se regularizarán con el nuevo plan tienen que hacer frente a todos estos pagos».
El18 de agosto, representantes de la coordinadora vecinal mantendrá un encuentro con la empresa Territorio y Ciudad que se encarga de redactar el PGOU de El Puerto y le plantearán, entre otras, esta cuestión económica.
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