El Ejecutivo pide ilegalizar a ANV y PCTV por ser un instrumento de ETA-Batasuna

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido a la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo que ilegalice a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), a los que considera «instrumentos o herramientas» de «ETA-Batasuna» para burlar la sentencia de ilegalización que desde 2003 impide al brazo político de ETA concurrir a las elecciones. El abogado del Estado expone esa conclusión en los dos escritos de conclusiones sobre los procesos de ilegalización contra ANV y PCTV que ayer entregó al Supremo. Al igual que la Fiscalía, que el lunes dio a conocer las suyas, el Ejecutivo subraya que estas formaciones compartían locales, lenguaje, símbolos, fondos y hasta «una caja común o única», que servía para financiar actividades de Batasuna.

El Gobierno subraya que del «análisis conjunto de los actos y tomas de posición» de ANV y PCTV, basado en pruebas e informes realizados por los servicios de información de la Policía, se desprende que estos dos partidos vulneraron «con toda seguridad» la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Hasta el punto, en el caso de ANV, de que esa formación fue «fagocitada por Batasuna, perdiendo su identidad como organización independiente», y en el caso del PCTV la actuación de sus diputados en el Parlamento vasco estaba «totalmente controlada por el complejo ETA-Batasuna» a través de sus dirigentes Joseba Álvarez y Jone Goirizelaia.

En sus conclusiones, el abogado del Estado incide en que la administración financiera de ANV, PCTV y Batasuna se realizó desde la sede del PCTV de Usurbil. En el registro de ese local, la Policía halló evidencias de que las tres formaciones compartían una cuenta común en La Caixa.

Los servicios de información también encontraron en el local del PCTV las claves bancarias secretas que permitían manejar, a través de Internet, las cuentas de ANV, y varias facturas correspondientes a gastos de la ilegalizada Batasuna. Asimismo, el escrito resalta que ambos partidos contrataron a miembros de Batasuna, a quienes abonaron varias cantidades. Para el letrado del Gobierno, todo eso sería «inimaginable» si ANV y PCTV fuesen, como aseguran sus representantes legales, organizaciones independientes «y no meras personificaciones de una única organización».

Contaminación

La Abogacía del Estado considera que «ETA-Batasuna» dirigió el proceso de presentación de ANV a las elecciones municipales y forales de 2007. Precisamente, la «contaminación» de muchas de sus listas por la presencia de personas relacionadas con Batasuna dio lugar a que fueran impugnadas por el Gobierno y la Fiscalía, y después anuladas por la Sala del 61. El escrito señala también cómo ANV durante la campaña electoral asumió la simbología habitual de Batasuna en sus carteles, actuación que no fue casual sino que obedeció «al deseo evidente de identificar ambas formaciones». Por último, recuerda que tras los comicios Arnaldo Otegi, «no sólo se felicita» por el resultado obtenido por ANV, «sino que lo hace suyo y se atribuye un papel dirigente en la política a desarrollar por ANV en el futuro».

En el caso del PCTV, el Ejecutivo resalta su falta de actividad previa a las elecciones autonómicas de 2005, cuando Batasuna comenzó a hacer campaña a su favor. Después, Batasuna designó a sus apoderados para participar en el proceso de votación, y también hizo suyo el resultado obtenido.