El Gobierno nombrará este mes a un embajador para negociar con los países de origen el voto inmigrante

El Gobierno español nombrará antes de que finalice agosto a su embajador especial para negociar con los países de origen de los inmigrantes acuerdos de reciprocidad para que puedan votar en las elecciones municipales para fomentar su integración en el país. La propuesta fue anunciada en el Congreso por De la Vega hace una semana.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado esa intención en su intervención en un acto sobre inmigración organizado en el Centro Cultural español de Santo Domingo con motivo de su visita de dos días a la capital dominicana. A ese acto ha asistido la primera inmigrante en formar parte de la Ejecutiva del PSOE, la dominicana Bernarda Jiménez, quien en el Congreso que los socialistas españoles celebraron el mes pasado fue elegida para ocuparse de asuntos de integración.

Por una integración efectiva y eficaz

La vicepresidenta ha explicado el deseo de su Gobierno de permitir que los inmigrantes que residen legalmente en España puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales porque está convencido de que eso contribuirá de manera decisiva a su integración efectiva y eficaz.

Pero de acuerdo con la Constitución española, esa decisión exige reciprocidad en los países de origen de los inmigrantes, por lo que ha informado de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya está trabajando para superar las dificultades que pueda haber por ello.

Una decisión ligada a esta intención es el nombramiento de un embajador en misión especial para negociar con los países de origen de los inmigrantes los acuerdos de reciprocidad. La creación de ese cargo fue anunciada por de la Vega en una comparecencia en el Congreso, pero ha precisado que se hará efectivo este mismo mes. Un grupo interministerial analizará la situación de los acuerdos que al respecto existen con algunos países, así como los que podrían firmarse en el futuro y los que dependen de una modificación legal.

La directiva europea, garantista

Fernández de la Vega ha hecho referencia a la directiva de retorno de inmigrantes de la UE y ha pedido calma debido a que esa directiva nunca se aplicará en España porque el país dispone de medidas más garantistas. A pesar de que ha reconocido que al Gobierno le habría gustado que se acercara más a la normativa española, ha aclarado que lo que pretende la UE es ofrecer más garantías a los inmigrantes para garantizares un trato digno: "No va a alterar en modo alguno nuestra forma de actuar, porque contamos con nuestro propio marco jurídico y ese marco no colisiona en absoluto con lo que la nueva directiva establece".

La vicepresidenta ha recordado que España se ha convertido en el primer receptor de inmigrantes en la UE y el décimo en todo el mundo, y, ante ello, está desarrollando una política "comprometida e integral" fundamentada en lograr una inmigración legal y ordenada, por lo que ha rechazado que esté movida por un "afán represor".

Fernández de la Vega ha repasado el fenómeno de la inmigración en los últimos años y ha defendido la existencia de una política global para afrontarlo. En concreto, ha hecho referencia a la inmigración latinoamericana para recordar que se trata del primer colectivo de extranjeros en España, donde residen legalemnte 75.000 dominicanos.