El Gobierno ve en la consulta de Ibarretxe un intento de imponer su plan soberanista

El Gobierno quiso dejar ayer claro al Tribunal Constitucional cuál es el debate de fondo en el recurso contra la ley vasca de la consulta y por qué insiste en que anule la norma y la mantenga en suspenso mientras resuelve si es o no constitucional.

El Ejecutivo, según desgrana el Abogado del Estado en un escrito de doce folios, está convencido de que el referéndum que quiere celebrar el 'lehendakari' Juan José Ibarretxe el próximo 25 de octubre en el País Vasco no es más que «un instrumento» con el que pretende «forzar» al Gobierno central a asumir sus planes soberanistas. En otras palabras, dice que se trata del 'plan B' del 'lehendakari' después de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero rechazara sus «dictados políticos» en la entrevista que mantuvieron el 20 de mayo pasado en La Moncloa.

El escrito, respuesta a las alegaciones del Gobierno de Vitoria, indica a la corte que la ley de consulta tiene «un desnudo interés político» y que, según reconoce en su preámbulo, como Rodríguez Zapatero «no quiso negociar con el 'lehendakari' en el momento elegido por éste y acerca de los puntos seleccionados de igual y unilateral manera, se pretende movilizar al electorado vasco para forzar una negociación». Se trata, insiste, de «forzarle a que negocie cuándo y cómo el 'lehendakari' quiere».

Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera que levantar la suspensión cautelar de la ley y permitir la realización del referéndum según el calendario previsto -15 de septiembre, convocatoria, y 25 de octubre, consulta-, tal como piden el Gobierno y Parlamento vascos, «supondría otorgar una prima política» a Ibarretxe. Además, sin saber si la norma es constitucional o no y con independencia de que en la consulta pudiesen salir derrotadas las tesis de Ajuria Enea, «se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento de referéndum para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos del 'lehendakari'».

El abogado del Estado considera evidente que el interés del Gobierno vasco en celebrar la consulta pese al recurso es puramente estratégico y defiende que las razones del Ejecutivo van en sentido «puramente contrario». Asegura que el objetivo del recurso gubernamental es «no permitir que se movilice a los electores vascos como instrumento de presión para forzar la voluntad política del Gobierno en asuntos que, como el derecho a decidir o de autodeterminación, afectan a todos los españoles». Por tanto, con su presentación se quiere «contrarrestar el intento de manipular o instrumentalizar al electorado vasco, al que se pretende implicar en un proceso de consulta cuya validez constitucional está en litigio».

Comparación de daños

El Gobierno, en definitiva, considera que sopesados los intereses a favor y en contra de mantener la suspensión cautelar de la ley mientras se resuelve el recurso sólo cabe concluir que el levantamiento de la medida causaría un daño «irreparable» a los intereses generales del Estado porque la consulta se habría celebrado «eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva» del Estado para convocar o autorizar las consultas autonómicas. Todo ello lesionaría «el capital interés de preservar la soberanía del pueblo español y la unidad nacional».

Por el contrario, el abogado del Estado considera que los perjuicios que sufrirían el Gobierno y Parlamento vascos si se mantiene la suspensión de la ley y el Constitucional no resuelve el recurso hasta después del 15 de septiembre próximo serían «menos difíciles de reparar». Bastaría con introducir en la norma aprobada en Vitoria el 27 de junio pasado pequeñas modificaciones, como cambiar el calendario previsto, antes de poder realizar la consulta tal y como se pretendió desde un principio.

El pulso legal que los gobiernos de Vitoria y Madrid mantienen en agosto para levantar o mantener la suspensión cautelar de la consulta es muy posible que pierda todo su interés en pocas semanas. La razón es que los magistrados del Constitucional trabajan desde julio con la intención de resolver el fondo del asunto, dictar sentencia de constitucionalidad o no de la ley, antes del 15 de septiembre, la fecha en la que, según la norma en suspenso, el 'lehendakari' pretende convocar la consulta.

Si la intención del tribunal se cumple y en la segunda semana de septiembre emiten un fallo definitivo, la polémica sobre la pertinencia de la medida cautelar perderá todo su sentido ya que ese día Ibarretxe ya sabrá si puede o no convocar su referéndum.