El TC prepara su postura
El Tribunal Constitucional, que ha convalidado recientemente la reforma de su propia Ley orgánica y del Reglamento del Senado que permitirá la renovación de cuatro magistrados que debieron haber sido removidos el pasado diciembre, se dispone a esta inminente mudanza, para la que ya han llegado a un acuerdo Zapatero y Rajoy y que incluirá la sustitución del fallecido Roberto García-Calvo por otro magistrado conservador. Inexorablemente, el nuevo TC se escorará hacia el progresismo, ya que las cuatro plazas del Senado están actualmente ocupadas por tres jueces conservadores y un progresista, que serán relevados por dos magistrados de cada signo.
Actualizado: GuardarCon todo existe en el seno del alto tribunal una conciencia transversal de la necesidad de que se imponga el imperio natural de la Ley, de forma que no siempre prevalecen los criterios ideológicos sobre los grandes principios. Y lo cierto es que el TC está filtrando sutilmente su posición genérica sobre los recursos que ha de resolver en relación al Estatuto de Cataluña. El Tribunal se dispone a declarar la constitucionalidad del Estatut, con lo que evita el gravísimo conflicto que provocaría la desautorización de una norma que ha pasado por los sucesivos cedazos del Parlamento catalán, del Parlamento español y del electorado catalán. Pero lo hará mediante una sentencia interpretativa y limitante que orientará decisivamente los dos escollos principales de la nueva norma: la financiación y la lengua.
En lo referente a la financiación la bilateralidad consagrada por el Estatut deberá ser conciliable y compatible con la multilateralidad emanada de la propia Constitución y de la nueva LOFCA que habrá de describir el sistema resultante. El Estatut tendrá rango semejante a la LOFCA pero no podrá sobreponerse a ella. En definitiva, Barcelona y Madrid podrán negociar lo que consideren convenientemente, pero sus acuerdos tendrán que inscribirse en el marco del sistema general de financiación, que tan sólo no alcanza a los territorios forales, País Vasco y Navarra.
En lo referente a la lengua, el TC teme que Cataluña abandone en la práctica el bilingüismo y avance hacia un modelo monolingüe, primero en la esfera oficial y más tarde en la vida social. El hecho de que los grandes periódicos catalanes se editen en castellano aleja tal riesgo, pero no estará de más que se adopten ciertas cautelas sobre las relaciones de los administrados con las Administraciones, que deberán contestar en castellano cuando sean interpeladas en esa lengua; a cambio, probablemente, de que las Cámaras estatales y los Tribunales Supremo y Constitucional hayan de utilizar las lenguas minoritarias a requerimiento de los ciudadanos. En cualquier caso, la llamada inmersión lingüística, no peligra en absoluto.
En puertas de semejante sentencia, es lógico que Solbes haya frenado la negociación del sistema de financiación. Lo lógico es que haya un cierto correlato entre la fijación de la fórmula y la emisión de la sentencia, que podría producirse antes de que concluya el año. Pero ya puede avanzarse de que Cataluña tendrá que conformarse con gestionar más recursos, según la cesta de impuestos que prevé el propio Estatut, en plano de lógica igualdad con las demás autonomías y con un fondo de suficiencia que se reparta con criterios predominantemente demográficos, pero también de otra índole. Con la Constitución en la mano, esto es lo que hay.
