La Junta recuerda que la regularización de las cañadas está sujeta al PGOU

La delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, se reunió ayer con la delegada municipal del Medio Rural, María del Carmen Martínez, y con representantes de la federación Unión Rural, con el fin de explicar los pormenores del proceso de regularización de vías pecuarias, que en el municipio jerezano afecta a más de 6.000 personas.

Como informaron fuentes de Medio Ambiente, en el encuentro Araujo insistió en que el abastecimiento de agua y la dotación de red eléctrica, uno de los problemas que más preocupa a la población rural, no podrá llevarse a cabo hasta que la situación de las cañadas no esté legalizada, algo que a su vez depende de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.

Una vez que el Ayuntamiento incluya estos terrenos como núcleos consolidados, todo el proceso se podrá en marcha, como ha ocurrido con las tres barriadas rurales pioneras, Cuartillos, Mesas del Corral y Gibalbín. Cuando ya la desafectación sea un hecho, entonces la competencia pasará al Consistorio, que será el encargado de instalar el alcantarillado y facilitar el suministro eléctrico.

María del Carmen Martínez, por su parte, aprovechó para resaltar que «por primera vez sea un proceso serio y alguien se lo haya tomado como prioritario, porque es la primera vez que el PGOU recoge lo que ocurrirá con estas barriadas». En lo que respecta a Unión Rural, su presidenta, Ana Rosa Pérez, se mostró optimista tras el encuentro, aunque reconoció que todo se está ralentizando demasiado.

«No va a ser tan rápido como esperábamos, porque lo de Cuartillos, que es lo más adelantado, tardará un mínimo de dos años. Les hemos pedido que agilicen los trámites en lo relativo a las necesidades básicas de los vecinos, y han dicho que lo van a intentar. De todas formas, agradecemos que se hayan reunido con nosotros, y que Martínez nos haya citado de nuevo en septiembre».