Justicia más justa
La excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, tras cumplir 21 años de cárcel por 25 asesinatos, y su despiadada voluntad de presentarse como una víctima del Estado de Derecho contrastaron ayer dolorosamente con el sufrimiento de quienes han padecido las consecuencias de su brutalidad. Ésta es la primera consecuencia de la controversia generada en torno a De Juana que debería haberse evitado: que haya sido el narcisista protagonismo del verdugo el que haya devuelto vigencia al recuerdo de sus víctimas, cuya memoria y dignidad nunca tendrían que haber quedado supeditadas al exhibicionismo de aquel que tanto daño ha provocado sin condolerse lo más mínimo. Resulta particularmente hiriente que quien se permitió truncar la vida de tantas personas haya menospreciado de manera tan frívola la suya propia con sus sucesivas huelgas de hambre, en un inaceptable chantaje al conjunto de la sociedad democrática. De ahí que sea exigible, en primer término, que se preserve a las víctimas de cualquier nueva ofensa, lo que obliga a las instituciones a impedir todo acto de homenaje a De Juana que exalte el discurso del terror y a deslegitimar expresamente el mismo, una apelación que concierne de modo singular a las instituciones vascas.
Actualizado: GuardarLa puesta en libertad del preso de ETA ha suscitado una inevitable indignación por la desproporción entre la pena cumplida y los crímenes cometidos, la sospecha de que trata de eludir las responsabilidades económicas impuestas por los tribunales y la posibilidad de que resida junto a varios damnificados. El fanatizado contenido de la carta remitida por De Juana a quienes le aguardaban ayer en San Sebastián y su aparente disposición a convivir en el futuro casi puerta con puerta con sus víctimas constituyen una prueba palmaria de su irreductible actitud. Pero esta constatación no puede obviar los límites constitucionales a los que se enfrenta la aplicación de la ley, que en el caso del etarra avala su excarcelación en virtud del Código Penal de 1973 por el que fue condenado y que fue endurecido posteriormente. En este sentido, cabe confiar en que la reforma que estudian el PSOE y el PP impida que los terroristas sigan blindando su patrimonio frente a las indemnizaciones fijadas por los tribunales y que aquellos que no presentan signo alguno de arrepentimiento no sometan a los damnificados al agravio añadido de su contemplación cotidiana, perfeccionando las previsiones penales que ya permiten a la Fiscalía solicitar órdenes de alejamiento para los convictos. El tardío reconocimiento de la realidad de las víctimas ha terminado por propiciar situaciones de oprobio que el Estado de Derecho debe esmerarse en prevenir con mayor diligencia. Pero ni las fallas del sistema ni las insuficiencias en la actuación de las instituciones justificarían un cuestionamiento de la eficacia de la lucha contra ETA que pueda ser esgrimido como una falsa victoria por quienes aún continúan matando y quienes les amparan.
