El tribunal de la esperanza

Un enjambre de medios de comunicación procedentes de todo el mundo rodea durante estos días el Palacio de la Paz de La Haya. La sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) vuelve a ser protagonista con motivo de la celebración del juicio contra uno de los dirigentes más buscados de Serbia, Radovan Karadzic.

El Tribunal Internacional, como también se conoce al principal órgano judicial de las Naciones Unidas, fue fundado en 1946, como respuesta a las consecuencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era resolver los conflictos que surgiesen entre los Estados miembros y, al mismo tiempo, emitir dictámenes o 'consejos' acordes al derecho internacional.

Con el tiempo, a consecuencia de la coyuntura internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU consideró la necesidad de crear otros tribunales internacionales, como el de Yugoslavia y el de Ruanda, encargados de perseguir el genocidio y la violación de Derechos Humanos en esas zonas.

En la capital administrativa de Holanda también se ubica la Corte Penal Internacional (CPI), que está activa desde 1998, cuando 160 Estados ratificaron el Tratado de Roma. Su cometido consiste en enjuiciar a individuos más que a Estados, para responsabilizarlos de los más graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. Ahora bien, sólo puede actuar contra aquellos delitos cometidos desde que entró en vigor su Estatuto, es decir, a partir de julio de 2002.

Eficacia reducida

Aun así, la Corte Internacional de Justicia sigue siendo el órgano judicial más antiguo de las Naciones Unidas. Como consecuencia, en bastantes ocasiones las críticas han hecho que pierda cierta credibilidad en relación a su eficacia. Lo cierto es que a pesar de que representa un símbolo del derecho internacional, sus poderes se han visto limitados por el desinterés de algunos países para respetar sus resoluciones, a lo que hay que sumar la imposibilidad del Consejo de Seguridad para hacer que los fallos se cumplan.

Sobre todo, si estos lesionan los intereses de alguno de los cinco miembros permanentes (Francia, Reino Unido, China, Rusia y EE UU), ya que tienen poder de veto sobre cualquier decisión. Sin embargo, no hay que olvidar que formalmente con la firma de la Carta de las Naciones Unidas los Estados se comprometen a cumplir las sentencias.

Karadzic será sentenciado por los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Este órgano fue fundado el 25 de mayo de 1993 por el Consejo de Seguridad de la ONU, para investigar y juzgar a los responsables de genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos en los conflictos armados que siguieron a la desintegración del país balcánico.

El TPIY está integrado por 16 jueces que son renovados cada cuatro años. Además, cuenta con tres Salas ordinarias y una Cámara de apelación conformada, que comparte con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Hay que precisar que el Tribunal de La Haya, como también se denomina al TPIY, sólo puede juzgar a personas sospechosas de haber cometido los crímenes que son de su competencia. Esto supone que los altos funcionarios y autoridades, incluido el Jefe de Estado, no gozan de ningún trato privilegiado que les libere de su responsabilidad.