Roca y Muñoz declaran sobre un convenio urbanístico firmado por su Gobierno local

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y su antiguo asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, declararon ayer ante el juzgado de instrucción número 1 de Marbella por uno de los convenios suscritos por el equipo de Gobierno del que ambos formaban parte y que se investigan en dicho juzgado, según informaron fuentes judiciales.

Ambos llegaron a las dependencias judiciales sobre las 8.40 horas procedentes de la prisión de Alhaurín de la Torre. La declaración del ex asesor duró apenas cinco minutos, según indicaron fuentes de las defensas, que añadieron que éste «dijo lo que había venido diciendo anteriormente».

Según explicaron las defensas, Roca emitió «un testimonio que se había deducido del caso Malaya». Otras fuentes indicaron que la causa trataba sobre el convenio firmado con la empresa General de Galerías Comerciales, vinculada a Tomás Olivo. Además, también comparecía, pero como testigo, un técnico del Consistorio encargado de certificaciones de obras.

Dicho juzgado tiene abiertas varias diligencias previas en las que se investigan convenios suscritos entre el Ayuntamiento marbellí y distintas empresas que se iniciaron tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 contra Muñoz y Roca.

A éstos dos, la Fiscalía Especial los consideraba, en la querella, los artífices «de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado» y enmarcaba estas conductas «en una modalidad de liquidación de haberes públicos» dentro de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía basó su acusación en uno de los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, en el que se concluía que los convenios investigados contemplan todo tipo de operaciones como la permuta o la dación en pago.

Dicho informe cuestionaba la valoración hecha de los inmuebles enajenados, puesto que el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto y contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000 S.L., a tasadores externos, en concreto a dos, que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios.