La Fiscalía pide que se investigue la compra de la cristalería del etarra Aspiazu por parte de su mujer

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Policía que investigue la procedencia del dinero con el que la mujer del etarra Cándido Aspiazu, asesino del diputado de UCD Ramón Baglietto, adquirió la totalidad de la cristaleria de su marido en subasta pública. Milagros Altuna adquirió el pasado 16 de julio el inmueble del negocio abierto por la pareja en la planta baja de la vivienda donde reside la viuda de Baglietto, Pilar Elías, situada en la localidad Azkoitia (Guipúzcoa). El 50% de esta propiedad estaba registrado a nombre de Aspiazu.

Altuna realizó la mejor oferta: daba el 70% del precio de salida de la mitad de este local y de otro propiedad del matrimonio, entre uno y otro, 46.438 euros. Por el primero pagó, de 30 metros cuadrados, Altuna ha pagado 22.575 euros cuando el precio de salida era de 32.335 euros. El segundo local fue adquirido por 23.863 euros mientras el precio original era de 34.088 euros.

El mejor postor

El objetivo de esta investigación instada por la Fiscalía es averiguar el origen de ese dinero y las circunstancias económicas en las que la mujer del terrorista abonó esa cantidad y determinar si hay irregularidades en la operación.

En la puja participó un segundo particular cuya identidad no ha trascendido y que no pudo superar la oferta planteada por Altuna. La subasta se celebró en el Juzgado número 1 de Azpeitia (Guipúzcoa) y fue coordinada desde la secretaria judicial de la Sección Primera de la Audiencia Nacional. El dinero obtenido se destinará a la cobertura del pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado el etarra por el asesinato.

Aspiazu fue condenado a 49 años de prisión por la muerte a tiros de Ramón Baglietto en 1980. Una vez cumplida su condena el etarra abrió en 2005 una cristalería en los bajos del edificio donde reside la viuda de Baglietto, Pilar Elías, concejal del PP en el Ayuntamiento de su localidad. La subasta responde a la petición realizada en enero de 2006 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que solicitó el embargo de los bienes del etarra.