SONRÍE. Ahora Rafael vuelve a sonreir. / FRANCIS JIMÉNEZ
Ciudadanos

Pro Derechos Humanos denuncia que este caso no es una «excepción»

El caso Ricardi ha vuelto a desempolvar el controvertido debate sobre los problemas que sufre el sistema judicial español, y cómo algunos errores en los procedimientos pueden provocar una cascada daños colaterales y víctimas inocentes. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, calificó el pasado viernes la encarcelación de Rafael Ricardi de un hecho «muy excepcional».

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Como respuesta, los miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos rechazaron de plano que se trate de algo «excepcional», y fueron desgranando los diversos «errores graves» que han mantenido encerrado a Rafael en la cárcel. No se libró nadie: «Culpabilizamos a la policía y al resto de responsables de la instrucción, empezando por el fiscal y terminando por el juez. A todo el mundo», afirmó ayer, vehemente, Antonia Alba, la abogada de Rafael y perteneciente a la APDH. Ciertamente, el proceso de Ricardi ha estado minado de problemas que han acabado enfrentando a todas las partes del puzzle judicial, aunque en los últimos meses todos han trabajado por defender la inocencia de Rafael.

Ayer, Juan Domingo Valderrama, portavoz de la APDH, denunció que los fallos del caso Ricardi se cometen en la investigación de otros muchos delitos, por lo que no es algo «excepcional»: acusó, por ejemplo, a la Policía por aplicar un reconocimiento visual por fotografías. Según la instrucción, la víctima reconoció a Ricardi como culpable por su estrabismo, porque uno de los violadores (que actuaron con pasamontañas) tenía problemas en los ojos. Valderrama recordó que «en las fotografías, sólo Rafael tenía este problema». Precisamente la Policía Nacional adelantó en abril, en rueda de prensa, la posible inocencia de Rafael. El portavoz de la APDH criticó, por otra parte, que los jueces admitiesen un informe que aseguraba que el ADN del ahora liberado podía coincidir con restos de semen, pero no hiciera caso a un informe posterior, de 2000, que sí «descartaba» la coincidencia. En este caso, también la Fiscalía fue ayer criticada, ya que según Valderrama ésta no actuó entonces para liberar al encarcelado. Ocho años después, la Fiscalía encargó la nueva prueba de ADN que ha demostrado la inocencia de Ricardi. A pesar de eso, Antonia Alba denunció que estas pruebas no le han sido entregadas.

En los últimos días, un último error de procedimiento, en este caso de la defensa, puede retrasar que Ricardi se vea libre de sus cargos antes de tiempo -ahora está en libertad condicional-. Y es que el recurso de revisión de la sentencia ha sido presentada por los abogados a través de la Audiencia Provincial de Cádiz, en lugar de hacerlo en el Tribunal Supremo, que es el competente. Alba justificó que se intentó así ahorrar tiempo y papeleos, aunque admitió el fallo. Ahora queda pendiente que el Supremo se pronuncie respecto a este recurso.