ÚLTIMO ADIÓS. Funeral por las víctimas del atentado. / AP
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Turquía juzga al islamismo

El futuro político del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, está desde ayer en manos del Tribunal Constitucional otomano. Su futuro y, sobre todo, el de su formación política, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que corre el riesgo de ser ilegalizada si los 11 jueces de la corte sentencian que se ha convertido en centro de actividades contrarias al estricto laicismo oficial. La amenaza de inhabilitación por cinco años que pende sobre Erdogan alcanza también al presidente de la República, Abdulá Gül, y a otros 69 ministros, diputados y altos representantes del movimiento islamista moderado.

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Los magistrados del Constitucional se dedicarán «sin pausa» a este importante proceso hasta que consigan tomar una decisión, según explicó uno de los miembros del tribunal, Osman Paksüt. La corte no aclaró, sin embargo, cuándo se dará a conocer la sentencia, aunque los expertos creen que será hecha pública durante la primera quincena de agosto.

Fue el pasado 14 de marzo, cuando el fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, solicitó al Tribunal Constitucional la ilegalización del AKP bajo la acusación de que se ha convertido «en un centro de actividades antilaicas». Entre los argumentos de la Fiscalía destacaban las declaraciones de miembros de la formación defendiendo el uso del velo como una «elección individual» y la modificación constitucional que permitió por un corto periodo de tiempo el uso de esa prenda islámica en las universidades, hasta que el tribunal la anuló.

Desde el AKP se ha asegurado que el proceso está políticamente motivado por los sectores duros del 'kemalismo', la ideología laica oficial que tiene uno de sus principales bastiones en la judicatura y el estamento militar.

Tras haber escuchado a los representantes de la defensa del AKP y a la acusación de la Fiscalía, el relator del Constitucional, Osman Can, realizó un informe para los magistrados. Según publicó la prensa turca, el documento recomienda no ilegalizar a la formación alegando que un partido en el poder gracias a los votos de los ciudadanos -logró el 47% de los votos en los últimos comicios- debería abandonarlo también tras un proceso electoral.

Con todo, este informe no es vinculante y ya en otras ocasiones la mayoría de los jueces constitucionales han votado en contra de lo expuesto por el relator, como ocurrió hace unos meses con la anulación de las enmiendas que autorizaban el uso del velo en las universidades.

De los 11 magistrados, al menos siete deberán votar a favor de la ilegalización del partido de Erdogan para que la decisión tenga efecto, aunque también podrían decidir otro tipo de sanciones, como la anulación de la financiación estatal. La mayoría de los analistas consideran que lo más probable es que se produzca la ilegalización del partido, lo que abocaría a un adelanto electoral, a pesar de que se empieza a especular con la posibilidad de que se libre.

Pero en la corte, Turquía se juega mucho más. La UE, por boca del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y del comisario de Ampliación, Olli Rehn, ha amenazado en varias ocasiones con cancelar las negociaciones de adhesión si el AKP es ilegalizado. Aunque el portavoz de la Comisión, Amadeu Altafaj, se mostró ayer más comedido y explicó que la Unión esperará a conocer la decisión judicial y «cómo se pone en práctica» antes de actuar.