Un informe sobre transparencia en los ayuntamientos da un aprobado a Jerez

Los ayuntamientos andaluces no pasan el examen de la transparencia. La media de las administraciones locales de la región no alcanza el aprobado en lo que se refiere a la información que ofrecen públicamente a sus ciudadanos, según un estudio de Transparencia Internacional (TI) España, que señala a El Ejido, Dos Hermanas y Jaén como los consistorios con más opacidad.

Doce de los 17 ayuntamientos andaluces analizados, entre ellos Jerez, contestaron el cuestionario enviado por esta organización para medir 80 indicadores de transparencia. Los datos de esos cuestionarios junto con la información que hacen pública, fundamentalmente a través de su página web, determinan que las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma obtienen una media de 45,6 sobre cien, entre las más bajas de España.

Algunas corporaciones locales ni si quiera se acercan al insuficiente al no superar el muy deficiente. Es el caso de las de El Ejido (Almería), que obtiene un 16,3 sobre cien, y Dos Hermanas (Sevilla), un 18,8 de cien.

Insuficiente

Las capitales de provincia con menor índice de transparencia son Jaén (22,5 sobre cien) y Huelva y Almería, que empatan en el ranking de los menos transparentes con sendas notas de 32,5. Por su parte, Puerto de Santa María obtiene 30,0 puntos; Chiclana de la Frontera, 40,0; y San Fernando , Algeciras y Marbella se quedan a las puertas del aprobado, con 47,5 puntos.

En el extremo opuesto, el consistorio que dirige Alfredo Sánchez Monteseirín (Sevilla) obtiene la mejor puntuación andaluza y la séptima a nivel nacional (un 78,4 sobre cien) mientras que Málaga alcanza un 76,9.

Jerez, aprobado

La tercera corporación municipal mejor valorada dentro de las andaluzas es la de Roquetas de Mar (Almería), con una nota de 68,5 puntos. En todo el país, el de Bilbao es el Ayuntamiento más transparente, con una nota media de 90,6.

Este primer examen de transparencia en las administraciones municipales propuesto por Transparencia Internacional también lo aprueban las de Córdoba (56,3); Granada y Jerez de la Frontera (55) y Cádiz, con 50,3 puntos.

Las mayores deficiencias de los ayuntamientos en cuanto a transparencia se observan en el área económica, donde sólo los de Málaga, Sevilla y Roquetas de Mar, en el caso de Andalucía, alcanzan el aprobado. Jerez no aparece en este selecto grupo de los que gestionan económicamente los municipios con transparencia. Marbella y Almería únicamente obtienen cinco puntos sobre cien en este aspecto y Algeciras, Puerto de Santa María, Jaén, Dos Hermanas y El Ejido sacan un rotundo cero sobre cien en lo que se refiere a la información financiera que hacen pública.

En general, los consistorios españoles muestra un «déficit severo» en la información financiera, urbanismo y contratación pública y, a pesar de que ciertos comportamientos «se han ido corrigiendo», la información pública sobre estás áreas aún es «deficiente», explicó el secretario de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez, que atribuyó a la inestabilidad de la financiación de las corporaciones locales esa opacidad informativa.

Contra la corrupción

Para los miembros del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España la falta de transparencia no implica una relación directa con la corrupción. Lo que se valora es la información que se da a la ciudadanía y esto «no implica que haya corrupción», explicó durante la presentación del estudio el presidente de TI España, Jesús Lizcano.

Sin embargo, para éste la transparencia es «el mejor antídoto contra la corrupción» en las instituciones públicas de nuestro país. Del mismo modo, según el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, la transparencia «previene la corrupción»y contribuye a la solidez de la democracia. Además, a su juicio, permite un «voto más informado» y contribuye a la legitimidad de las instituciones.

Para Lizcano tampoco se puede advertir causalidad entre la opacidad de un ayuntamiento y el partido político que gobierna puesto que el estudio realizado afecta a los órganos de gobierno, a la oposición y también a los funcionarios que trabajan en esos consistorios.