Los parcelistas de los huertos de ocio dicen que van «a tirar de la manta» de la GMU

El caso de los huertos de ocio de San José Obrero va a servir para sacar a la luz otras actuaciones presuntamente irregulares o ilegales de la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo y también de la actual delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. Así lo señaló ayer en declaraciones a LA VOZ Francisco Pérez Vera, el abogado que representa a los parcelistas de los huertos de ocio. El letrado asegura que en la investigación de este caso ha tenido constancia de otros muchos asuntos que podrían ser constitutivos de delito y que tienen que ver con actuaciones de Urbanismo o del Ayuntamiento de Jerez. «Nosotros, debido al proceso de los huertos de ocio, hemos sido lo que más nos hemos sumergido en las aguas oscuras y turbias de Urbanismo», señaló el letrado. Según manifestó, «hemos tenido conocimiento de hechos que posiblemente sean constitutivos de delito penal y tenemos la obligación como vamos a hacer en breve de ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial».

Otros grupos

El abogado de los parcelistas añade que, además de esta actuación que ellos van a llevar a cabo -»vamos a tirar del hilo y de la manta»- existen otros grupos de personas afectadas por decisiones de Urbanismo que ya se han puesto en contacto con el colectivo y les han adelantado que también van a denunciar sus casos ante los tribunales.

Así las cosas, Pérez Vera no dudó ayer en manifestar y denunciar que «la corrupción está instalada en el Ayuntamiento de Jerez», y no se quedó ahí sino que añadió: «Afecta a todos los grupos políticos y no ha desaparecido desde que se fue Pacheco, sigue estando ahí». El abogado, que es natural y reside en Guadix (Granada), dice haber observado que «los grupos de poder de siempre siguen estando en Jerez y siguen corrompiendo todo lo que tocan». En ese sentido, Pérez Vera añade: «No sólo estoy hablando de Pacheco, porque María José García-Pelayo y Pilar Sánchez también van a tener que responder en un futuro cuando se destapen otros asuntos». A su juicio, «no hay unos conceptos éticos mínimos en el Ayuntamiento de Jerez, por eso pasa lo que pasa».

En cuanto al caso de los huertos de ocio, el letrado cree que la sentencia del Contencioso que declara nulas todas las resoluciones que la GMU y la Junta de Gobierno local tomaron al respecto, supone «un hito más, aunque sólo acabamos de empezar y la batalla va a ser muy larga y dura». En su opinión, «la sentencia deja muy claro lo que ha estado ocurriendo en la Gerencia de Urbanismo y el magistrado dice textualmente que es obvio que la GMU se extralimitó en sus funciones para beneficiar a un tercero», que, en este caso, es la empresa Xera Promociones, por aquel entonces propiedad de los hermanos Monreal.

El hecho de que una de las imputadas en el proceso, María José García-Pelayo, sea aforada por su condición de parlamentaria andaluza hace muy probable que todo el proceso termine siendo trasladado a Granada al Tribunal Superior de Justicia.

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