Rafael Ricardi apuró hasta la madrugada su primera jornada en libertad

«Bienvenido Faluqui». Con esta frase que se escuchaba entre aplausos, los vecinos de la barriada de La Vid recibieron la noche del viernes a Rafael Ricardi Robles. Éste llegó a casa de su hermana Milagros, que en estos momentos está en Estados Unidos de viaje, escoltado por tres patrullas de la Policía Nacional que impedían que la prensa pudiera acercarse al protagonista. Allí pasó la primera noche con su hija, Macarena, quien abandonó sobre las diez de la noche el domicilio que comparte con unos amigos en el edificio Andalucía para reencontrarse con su padre al que tiene que empezar a conocer. «No lo voy a dejar solo. Tenemos que enseñarle a vivir de nuevo». Faluqui se acostó muy tarde en la primera noche que pasa en libertad. Quería disfrutar cada minuto. La casa de Milagros Ricardi se llenó de hermanos y sobrinos, que eran niños la última vez que los vio y ahora ya son adultos.

Su abogada, Antonia Alba, pidió a los medios que hicieron guardia para recibir al ex recluso en su domicilio familiar, que lo dejaran respirar unos días. Volvió a insistirle a los informadores que no iban a hacer más declaraciones que las escuetas frases que dieron en la puerta de la cárcel de Topas y que los citaría para una rueda de prensa. Sin embargo, cuando pedía paciencia a los periodistas ya había permitido que su cliente posara e hiciera una primera entrevista para un medio de comunicación durante el trayecto de vuelta desde Salamanca. Y es que el portuense garantiza repercusión mediática para todo aquel que está a su lado.

Lo que más ha llamado la atención al ex recluso han sido los cambios que se han producido en la ciudad durante estos trece años. Se sorprendió de la modificación que ha experimentado la avenida de Europa con la incorporación de la glorieta de Los Salineros y la Gran Carabela instalada justo enfrente de Bahía Mar. En cambio, el barrio de La Vid poco o nada ha cambiado desde que fuera encarcelado.

De regreso a la vida en libertad, la defensa de Rafael Ricardi tiene por delante varios frentes abiertos que debe ir cerrando para conseguir que el portuense quede libre de cualquier mácula. El primero de todos es el recurso de revisión que debe resolver el Supremo. De las decisiones erráticas que se han ido acumulando en este caso tampoco se ha librado la representación letrada de Ricardi, que anunció a principios de junio que iba a realizar ese primer trámite para conseguir que el portuense fuera declarado inocente 13 años después de su arresto.

Sin embargo, su defensa falló y presentó el recurso ante el órgano judicial equivocado, la Audiencia Provincial, cuando debió hacerlo ante el Tribunal Supremo, siendo así responsable de añadir más dilación al procedimiento que debe dar carpetazo final a este asunto.

La revocación del fallo permitiría a Ricardi quedar en completa libertad y no con una situación condicional como ahora. A partir de ese momento, tendrá un año para presentar una reclamación patrimonial por el tiempo que ha pasado entre rejas sin haber cometido delito alguno. La suma de la indemnización puede ser millonaria.

Un antecedente muy reciente podría ser indicativo. Dolores Vázquez fue detenida y condenada por un jurado popular por el asesinato de Rocío Wanninkhof. Pero esta sentencia fue anulada por el TSJA que consideró que no estaba bien motivada.

Tres años después de su arresto, un británico, Tony Alexander King, fue apresado por la muerte de otra joven en la provincia malagueña. Se trataba de Sonia Carabantes. Unas pruebas de ADN lo situaban también en el escenario del crimen de Wanninkhof y su posterior confesión exculparon a Dolores Vázquez, que tuvo que soportar durante tres años cómo sus propios vecinos la repudiaban.

Su abogado solicitó una indemnización de cuatro millones de euros, pero el Ministerio de Justicia acordó 120.000 por 17 meses de prisión. En este caso, la representación de Vázquez esgrimió que el error se produjo porque no había una base de datos unificada de ADN para que Policía y Guardia Civil pudieran tener acceso a la misma información; lo que hubiera permitido esclarecer antes que su patrocinada no había participado en ningún asesinato.

El Ministerio de Justicia sí reconoció que se había producido un error, pero el Consejo General del Poder Judicial -el órgano de gobierno de los jueces- negó que el sistema hubiera fallado y que si la clave habría estado en esa base de datos, se trataba de una competencia del Ministerio del Interior.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que también cabe la posibilidad de que la reclamación patrimonial que va a presentar la defensa de Ricardi no prospere porque ni el Ministerio de Justicia ni el CGPJ consideren que el sistema judicial ha fallado. Cuando la Fiscalía de Cádiz anunció que iba a promover el recurso de revisión del portuense, este periódico se puso en contacto con fuentes del Consejo General para que realizaran un primer diagnóstico. Dichas fuentes señalaron que no había indicios de que los jueces hubieran aplicado una mala praxis ni que el procedimiento hubiera tenido un desarrollo anómalo, sino que se había obtenido una prueba definitiva de ADN que en 95 era imposible de conseguir.

La propia fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, en unas declaraciones públicas, retó «a cualquier persona» a que le indicara cómo podía haber conseguido dicha prueba con una técnica que hasta hace dos años no se conocía en España. Esas analíticas han sido las únicas que han podido contradecir la identificación que hizo la víctima violada en Valle Alto. Esta joven señaló a Ricardi en una rueda de reconocimiento y en el juicio porque durante la agresión logró arrancarle la capucha a uno de sus dos agresores.

El polémico ADN

La Asociación Pro Derechos Humanos apeló al error judicial haciéndose eco de unas declaraciones que hizo la Policía sobre unas primeras pruebas de ADN que descubrieron el perfil genético de un individuo -sin identificar entonces- que no era Ricardi en el año 2000. La Fiscalía respondió que por esas fechas se estaba buscando a la persona que supuestamente había actuado en compañía de Rafael y que ese perfil podía haber sido el de ese sospechoso. Por eso, la última prueba solicitada por el Ministerio Público sí que dio la clave definitiva: se extrajeron dos perfiles y ninguno pertenecía a Ricardi.

La Fiscalía ya ha anunciado que va a investigar si se cometieron errores durante la primera investigación que llevó a la cárcel a Ricardi, ya que durante la revisión del caso, después de 13 años, supo que la Policía no había tomado huellas ni de la moto ni del casco de la víctima el mismo día de la denuncia o que a la joven le permitieron lavarse las manos en comisaría antes de que fuera explorada por un médico. Además, existe una grave afirmación formulada por el propio Ricardi, quien aseguró semanas atrás que se había confesado autor de los hechos cuando llevaba cuatro años en la cárcel y ya había sido condenado, porque la Policía le amenazó.

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