Fustegueras tiene 20 meses para resolver el caos urbanístico de El Puerto con 5.000 viviendas ilegales

Ni planeamiento, Ni infraestructuras. Como el mismo Fustegueras ha admitido, «el problema no es asfaltar las calles sino dotar de servicios e infraestructuras a las viviendas que carecen prácticamente de todo y que están en condiciones insalubres».

El equipo del que fuera responasble del PGOU de Marbella espera llevar el plan de ordenación portuense ante la Junta dentro de 21 meses. Antes de esto queda aún un rosario de trámites que comienzan por la redacción del documento inicial que esperan tener listo en tres meses. A partir de este punto, los colectivos sociales tendrán otros tres para realizar sus aportaciones y sugerencias. Dentro de seis meses, el pleno municipal ratificará la aprobación provisional II, que contará con un mes de exposición pública y dos meses para que se contesten las alegaciones.

Asimismo, el primer edil, Enrique Moresco, considera que «la aprobación provisional III debería de estar rubricada en el lapso de nueve meses». A continuación, se mandaría el texto definitivo a la Junta. El Gobierno autonómico realizará, a su vez, los cambios que estime oportunos en el Plan Urbano. Finalmente, este documento volvería, por última vez, a pleno extraordinario para ser ratificado de forma definitiva.

Y sobre el modelo de ciudad con el que contará El Puerto gracias a este nuevo PGOU, Fustegueras dejó claro en su día de presentación a los medios que «éste seguirá los principios del arquitecto romano Vitrubio, que consideraba que el urbanismo debía de ser útil, firme y bello».

Por lo pronto, Territorio y Ciudad insiste en que trabajará no sólo para que el PGOU estructure la ciudad durante doce años, que suele ser la vigencia que tiene un documento urbanístico, sino que será «la contribución de los portuenses de hoy a la generación futura».

Puntos calientes

Pero conseguir todo esto en 21 meses no será fácil y es que en la ciudad hay casos en los que no parece haber solución. Entre ellos está el desarrollo urbanístico que se produjo sobre el Pinar de Coig, un espacio natural protegido, o sobre El Barranco, un complejo endorreico, donde concurren tres lagunas, catalogado como parque natural sobre el que se comenzó a edificar en la década de los noventa.

Además, hay viviendas que ocupan parte de cañada que en estos momentos se está desafectando. Es el caso de la Cañada del Verdugo, que se divide en dos tramos: uno urbano, que según el PGOU vigente será desafectado; y otro no urbano que no podrá desafectarse, por lo que los vecinos tendrán que retranquear para liberar el espacio público que han ocupado. En estos momentos, la Delegación provincial de Medio Ambiente está estudiando las alegaciones que han realizado los vecinos afectados.

Gestión política

Y en este caos urbanístico son muchas las voces que culpan a la permisividad de Independientes Portuenses (IP). Una actitud que se une a las prácticas de falsedad documental con las que se han construido y vendido muchas viviendas en El Puerto de Santa María.

Uno de los casos más claros de permisividad por parte del anterior equipo de Gobierno fue la promoción de Los Perales que en junio de 2005 fue precintada y posteriormente desprecintada por el entonces edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez. El PP tomó las riendas del Ayuntamiento con un objetivo claro: poner un punto y aparte en la política urbanística anterior. La primera decisión radical fue la de negar los permisos de luz y agua en zonas construidas fuera de planeamiento. Con el Gobierno de IP, los vecinos de los diseminados únicamente tenían que realizar una solicitud en el área de Urbanismo para que se les concedieran las licencias, pero desde el cambio de gobierno se ha denegado un centenar de solicitudes de servicios.

A pesar de esta actitud rigurosa, los partidos de la oposición siguen criticando que el PP gobierne con Fernando Gago que, tal y como adelantó este medio, firmó con su puño y letra permisos de agua a viviendas ilegales.

Además, esta actitud tajante ha sido muy criticada por los afectados, ya que reprochan al actual equipo de Gobierno la dureza que ha mantenido con los núcleos residenciales y la permisividad y esfuerzos para legalizar el campo de Golf de Viña Rango. Este complejo deportivo de lujo, vinculado a 700 viviendas, ha sido legalizado por el equipo de Gobierno gracias a la modificación puntual de los puntos 1.4 y 1.5 del PGOU vigente, por el que se permite realizar recalificaciones de terrenos en la ciudad.

De este modo, el campo de golf seguirá adelante bajo el amparo de la ley, pero bajo las críticas de quienes aún tendrán que seguir esperando años para legalizar sus casas, mientras pagan millonarias multas coercitivas.