La oposición pide responsabilidades a Gago por conceder agua a una casa ilegal

Ni una sola palabra ha pronunciado el edil no adscrito, Fernando Gago, y sus compañeros de Gobierno sobre la firma con la que, cuando era alcalde de IP, éste otorgó permiso de agua a una vivienda de Hoyo 15 sobre la que pesa una orden de demolición.

Los que sí han hablado han sido los grupos de la oposición que exigen «responsabilidades» a Gago. La edil de IU, Pepa Conde, aseguró ayer a este medio «no sorprenderse» de que Gago actuase del mismo modo que lo hizo el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el anterior alcalde de IP, Hernán Díaz. Además, Conde insiste en que «esto sólo es el principio de muchos más escándalos que saldrán a la palestra».

Por su parte, desde el PSOE, Joaquín Corredera, demanda a la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra y al alcalde, Enrique Moresco, que «se mojen de una vez por todas y que, en aras de esa legalidad de la que hablan y con la que se llenan la boca, apliquen a Gago la misma vara de medir que han utilizado con otras autorizaciones similares». Además, insiste en que «Ybarra y el alcalde, tienen que definirse y cumplir las promesas reiteradamente dadas a los representantes de Coave y Fevema para concretar y aplicar el protocolo para la obtención de agua y luz».

Hay que recordar que el edil no adscrito, Fernando Gago, firmó el 22 de septiembre de 2006, en calidad de alcalde, un permiso de agua a una vivienda fuera de planeamiento sobre la que pesa una orden de derribo también fechada ese mes.

El documento, rubricado por el entonces alcalde con IP, dice literalmente que «ante la necesidad de cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad para los ocupantes de la construcción destinada a vivienda situada en Pago Hoyo 15, ruego disponga lo necesario para facilitar la contratación de suministro de agua a favor de Sergio Ruiz García».

Además, en abril de 2005, el entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, aprobó el proyecto de instalación de una red subterránea de electrificación para 28 parcelas de Hoyo 15 . Los residentes de la zona cuentan con decretos de la empresa municipal de Serecop fechados en 2006 y del alcalde, Hernán Díaz, fechado en febrero de 2003, en los que se informa de que la catalogación del suelo es urbanizable en el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbano.

En el caso concreto de Sergio Ruiz, que posee una vivienda de autoconstrucción en Hoyo 15, las multas coercitivas recibidas ya superan los 50.000 euros. En septiembre de 2006 recibió la primera notificación de multa coercitiva por valor de 14.900 euros, y desde entonces ha recibido dos más por el mismo valor a lo que habría que sumar 5.000 euros por demora y 2.000 por intereses. Además, en septiembre de 2006 le llegó la orden de demolición.

Así, en el mismo momento que los afectados recibían multas coercitivas y orden de demolición, el entonces alcalde, Fernando Gago, les otorgaba permiso de agua.