Zapatero y Rajoy recuperan la unidad contra ETA y sellan la paz institucional

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy enterraron ayer en La Moncloa cuatro años de extrema confrontación. En una sola reunión, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición sellaron un acuerdo que afecta a dos de las cuestiones que más disputas y palabras gruesas provocaron durante la legislatura pasada: la lucha antiterrorista y la Justicia. La ruptura oficial del 'proceso de paz' por parte de ETA y la posterior promesa del Ejecutivo de que no volvería a abrir un diálogo con la banda trajo una paz relativa a las abruptas relaciones de los dos partidos mayoritarios. Ahora, el acuerdo, sobre los principios que inspiraron el marchitado 'Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo', vuelve a ser firme.

La unidad frente a ETA es el máximo exponente del nuevo clima y la normalización de las relaciones entre Gobierno y oposición. Porque no sólo implica identidad de criterios. Significa también que Zapatero y Rajoy han superado la grave crisis de confianza que la decena de encuentros celebrados hasta la fecha no habían logrado limar. La prueba es que el presidente del PP, que durante años ha puesto en tela de juicio cada afirmación del jefe del Ejecutivo, dio plena credibilidad al acuerdo. «No puedo salir de una reunión pensando que se va a actuar de forma diferente a lo hablado», argumentó esta vez.

El acuerdo, que sólo será verbal, compromete al Gobierno a concertar las estrategias antiterroristas con el PP, a compartir con él su información y a pactar medidas legislativas. Pero además implica una «declaración solemne» de que ETA no logrará ningún objetivo político con la violencia y de que su único destino es el abandono de las armas. Éste es para el líder de la oposición el 'quid' de la cuestión. A su juicio, equivale a decir que la organización criminal no conseguirá nada «ni por matar, ni por dejar de matar», una interpretación que va mucho más allá de la realizada por el propio jefe del Ejecutivo.

El presidente del PP subrayó este asunto porque es, precisamente, su decisión de respaldar la política gubernamental en materia antiterrorista la que más ha envalentonado al ala dura de su partido. Un tanto a la defensiva, trató de justificar por qué ya no exige la vuelta al Pacto por las Libertades ni la derogación de la resolución parlamentaria que autorizó la negociación con ETA. Recordó que, aunque no esté por escrito, el acuerdo sí recoge el «espíritu» de aquel pacto. Y rechazó ponerse a discutir ahora «por un texto de hace ocho años». «Lo importante -dijo- es que el Gobierno ha cambiado de criterio, ha aprendido. Y yo lo voy a respaldar, el primero».

El acuerdo, que el Gobierno ofrecerá también al resto de fuerzas parlamentarias, ya arrojó ayer algunos resultados. Zapatero y Rajoy pactaron introducir en la futura ley integral para las víctimas del terrorismo una disposición que obligue a todas las administraciones a retirar las placas con nombres de calles o monumentos dedicados a etarras. Estudiarán también la legislación penal para impedir que un etarra pueda vivir cerca de víctimas de ETA y establecerán mecanismos para que los terroristas no eludan el pago de indemnizaciones.

Falta de concreción

La Justicia fue el otro gran bloque de consenso, aunque aquí el entendimiento fue menos amplio. El principal objetivo de Zapatero era un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las cinco plazas vacantes del Tribunal Constitucional. Pero sólo acordaron «criterios», como que los nuevos vocales y magistrados tengan la «máxima profesionalidad» y que haya equilibrio entre hombres y mujeres. Eso, con la promesa de que en septiembre se hará efectivo el relevo. Ni hablaron de nombres, o eso aseguraron ambos, ni tampoco de cuotas. Cuatro meses de negociaciones entre los portavoces parlamentarios de PSOE y PP no han servido más que para fijar una nueva fecha tope para nuevas propuestas. Si los populares mantienen o no su minoría de bloqueo sigue siendo una incógnita. Cosa distinta son los avances logrados, al rebufo del 'caso Mari Luz', para la modernización de la Administración de la Justicia y el endurecimiento de las penas frente a delitos sexuales, que se completará con un registro de pederastas.

El líder popular, obligado a escenificar su actitud de oposición exigente, subrayó su «insatisfacción» por el modelo judicial, lo que implica que el PP mantendrá vivo su discurso territorial. Rajoy rechaza lo que el PSOE llama la adaptación de la Justicia al Estado de las Autonomías. Es decir, la creación de los consejos autonómicos o el desempeño de tareas que hoy corresponden al Supremo por parte de los Tribunales autonómicos de Justicia.