Más de un millar de viviendas de la ciudad han recibido ya multas por ser ilegales

Saltan a la palestra nuevos protagonistas en el entramado urbanístico portuense. Esta vez toca el turno al edil no adscrito, Fernando Gago, que firmó con su puño y letra el 22 de septiembre de 2006, en calidad de alcalde, un permiso de agua a una vivienda fuera de planeamiento sobre la que pesa una orden de derribo también fechada ese mes. Lo cierto es que, a día de hoy, más de un millar de familias han recibido multas coercitivas por tener una vivienda ilegal, según Coave. Además, se incrementa el número de propietarios de viviendas que está recibiendo órdenes de demolición, según el mismo colectivo.

Sin embargo, el caso más llamativo es el de Hoyo 15. El documento firmado por el entonces primer edil de IP dice literalmente que «ante la necesidad de cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad para los ocupantes de la construcción destinada a vivienda situada en Pago Hoyo 15, ruego disponga lo necesario para facilitar la contratación de suministro de agua a favor de Sergio Ruiz García».

Además, en abril de 2005, el entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, aprobó el proyecto de instalación de una red subterránea de electrificación para 28 parcelas de esta zona, cuyas viviendas están siendo sancionadas.

Además, los residentes de la zona cuentan con decretos de la empresa municipal de Serecop fechados en 2006 y del alcalde, Hernán Díaz, fechado en febrero de 2003 en el que se informa de que la catalogación del suelo es urbanizable en el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbano.

Con estos documentos, los vecinos de la zona construyeron sus casas «esperando a que el PGOU se aprobara para regularizar la situación», según explica Sergio Ruiz. Pero lejos de esta perspectiva, ahora cae sobre su vivienda y sobre algunas de sus vecinos una orden de demolición.

En el caso concreto de Sergio Ruiz que posee una vivienda de autoconstrucción en Hoyo 15, las multas coercitivas recibidas ya superan los 50.000 euros. En septiembre de 2006 recibió la primera notificación de multa coercitiva por valor de 14.900 euros, y desde entonces ha recibido dos más por el mismo valor a lo que habría que sumar 5.000 euros por demora y 2.000 por intereses. Además, en septiembre de 2006 le llegó la orden de demolición.

Así, en el mismo momento que los afectados recibían multas coercitivas y orden de demolición, el entonces alcalde, Fernando Gago, les otorgaba permiso de agua.

Los propios afectados, y los representantes de la coordinadora vecinal, Coave, José Manuel Revuelta y José Antonio Castro denunciaron ayer esta situación que aseguran que afectan a cientos de familias de los diseminados. Según explicó Revuelta, desde que el PP llegó al Gobierno «los vecinos están fritos a multas coercitivas». De hecho, según explicaron, muchos de ellos ya tienen incluso las cuentas embargadas.

Además, desde Coave, Castro recordó ayer que en estos momentos están abiertas las negociaciones con la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, y con el edil de Economía David Páez, sobre la posible unificación de las multas con los gastos de urbanización. «Cuando se negocia se guardan las armas, y lo que no es normal es que en plena negociación no cesen de meter por vía judicial las multas coercitivas».