Economia

El Gobierno destinará al menos 300 millones de euros a suelo privado para VPO

Vivienda calcula que se tardarían tres años en dar salida al 'stock' de casas que acumuló el sector durante el 'boom' Niega que su objetivo sea ayudar a las inmobiliarias ante la crisis

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El Gobierno hará un pequeño 'guiño' a las inmobiliarias en medio del desplome que sufre este sector, que ha venido aportando el 18% del producto interior bruto (PIB) pero con el pretendido nuevo modelo productivo reduciría su peso hasta el 11% o el 12%. Eso sí, la cuantía de esa ayuda aparente será escasa en relación a las deudas abultadas que acumulan las empresas. En realidad, el plan anunciado este miércoles por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, puede 'matar dos pájaros de un tiro' pues, por un lado, gastará 300 millones de euros del dinero público en comprar suelo que ahora está en manos privadas, una suma modesta para las grandes compañías del 'ladrillo' pero que serviría de 'salvavidas' para cualquiera de las medianas o pequeñas. De otra parte, agilizará el ambicioso plan de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) del Ejecutivo, que pretende construir 1,5 millones de casas de este tipo durante los diez próximos años.

En cualquier caso, tanto la titular del departamento como el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero insistieron en sendas intervenciones públicas en que dicha operación «no tiene absolutamente nada que ver» con la crisis inmobiliaria -cuyo último dato es la caída de un 80% en las ventas del primer semestre de Sacyr-Vallehermoso, una de las 'grandes', si bien su ritmo de viviendas entregadas creció casi un 23%-, y para argumentarlo el jefe del Ejecutivo enfatizó que, «si se conocen las cuentas actuales del sector (sólo la deuda que arrastra Martinsa-Fadesa, pendiente de que se admite el concurso de acreedores que ha solicitado, supera los 5.100 millones de euros), sabemos que suponen esos 300 millones». Más aún, frente a la oposición del PP a la compra de terrenos privados, tanto Zapatero como Corredor señalaron que es una medida «social» y «estructural», en la medida que busca «garantizar el derecho a una vivienda» con «un precio más accesible» y, a su vez, avanzar hacia un mercado inmobiliario «más sostenible».

Esa es la función del Gobierno, enfatizaron, y no impedir el ajuste de un sector cuyo crecimiento ha sido «insostenible» en los últimos años, con una construcción de casas «claramente por encima» de la demanda. Tanto es así que, según los cálculos del Ministerio, aunque la actividad de compraventa dejara de bajar y mantuviera un ritmo «normal», todavía se tardaría tres años más (al menos, hasta finales de 2011) en dar salida al 'stock' actual de viviendas que acumulan las inmobiliarias, que se estima entre 600.000 y 750.000.

Para ello, sería necesario que se crearan entre 400.000 y 450.000 nuevos hogares cada ejercicio (cada uno con un piso donde alojarse) y que sólo se construyeran 200.000 inmuebles para ellos, de manera que se generase un déficit anual que sería cubierto con cargo a las existencias pasadas. El descenso de los precios puede ayudar a ello. Corredor volvió a descartar un posible aumento de la deducción fiscal por compra de vivienda.

La evolución alcista del euríbor, por el contrario, supone un freno a la compra, además de encarecer las letras de las hipotecas. De momento, el tipo de referencia al que se conceden la mayoría de ellas, marcó ayer su máximo diario de julio, con el 5,432%, nivel que sitúa la media del mes en el 5,397% y casi permite afirmar que entraremos en agosto con un nuevo máximo histórico.