El Estado en números rojos

El repaso a los números del primer semestre resulta ilustrativo. La fuerte caída de la construcción y de la demanda ha provocado un descenso en la recaudación del IVA del 14,20%. Y al propio tiempo, el empeoramiento de la situación de las empresas ha desembocado en una bajada en el impuesto de sociedades del 17,60%.

El alza exorbitante de los combustibles, que ha producido un descenso del consumo, ha rebajado la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos en un 2,5%. Por el contrario, el IRPF ha seguido en aumento, y se ha incrementado en el 14,9%. En suma, los ingresos fiscales de la Administración central han caído un 4,6% en tanto los gastos han aumentado el 10%, lo que arroja un déficit del 0,42% del PIB. La Seguridad Social, en cambio, mantiene su marcha ascendente, con un saldo positivo de 16.700 millones de euros en el período. Todo ello justifica que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos haya lanzado la previsión de que, al final del ejercicio, el déficit público, que engloba el de las tres Administraciones y la Seguridad Social, podría ser de algunas décimas de punto, algo que no ocurría en los últimos tres años.

Objetivamente, la situación, aunque mala, resulta manejable, gracias a los superávit de los años anteriores y al hecho de que durante la larga etapa de bonanza que acabamos de vivir se consiguió rebajar la deuda al 36% del PIB. Pocos países europeos pueden presentar hoy un cuadro macroeconómico más favorable.

En estas circunstancias parece llegado el momento de tomar el conjunto de medidas activas -políticas fiscales y de gasto- que faciliten el mantenimiento de la actividad y frenen la caída del empleo, que acabará contaminando las cuentas de la Seguridad Social y acentuando el malestar social. El jueves, se reúnen en Moncloa los más prestigiosos economistas del país para preparar un informe al presidente del Gobierno sobre la coyuntura y las recetas más adecuadas para salir de ella, pero ya puede avanzarse que lo pertinente en este momento es incrementar la inversión productiva -en grandes obras públicas e infraestructuras de toda índole, en rehabilitación, en edificación civil- y ayudar a las empresas, sobre todo las pymes, mediante actuaciones fiscales audaces y eficaces. Son las pequeñas y medianas empresas las que más empleo generan y las que peor soportan las dificultades.

Es indudable que el Gobierno no puede por sí mismo remontar el cambio de ciclo pero sí debe el Ejecutivo establecer las condiciones para minimizar los daños y aprovechar todas las oportunidades. No es necesario invocar unos nuevos pactos de la Moncloa, porque ya no es tampoco preciso convencer a los agentes sociales de que todos debemos remar en la misma dirección, pero sí convendría establecer una cierta complicidad entre el Gobierno y la principal oposición sobre las medidas necesarias. Es absurdo el debate sobre si la crisis debe resolverse recortando o no los gastos sociales: nadie puede pretender rebajar las pensiones como nadie debería tampoco ignorar que la mejor política social es la que redunda en la creación de empleo.

Tampoco es oportuna la discusión sobre la profundidad de las crisis: tan malo es pretender ocultarla como exagerarla, infundiendo temores innecesarios que debiliten aún más el consumo. El mensaje que deberían lanzar Zapatero y Rajoy el de que todos juntos, mediante nuestro esfuerzo, vamos a salir lo antes posible del agujero.