«Pacheco debe enterarse ya de que la Justicia no es un cachondeo»

Los que fueran arrendatarios de los huertos de ocio de San José Obrero -expropiados y desalojados a la fuerza en 2004 para la construcción en la finca de una promoción de unifamiliares- eran ayer, evidentemente, los más satisfechos con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Jerez que, tal y como adelantó ayer este medio, declara anuladas todas las resoluciones que tomaron al respecto el Consejo de Gestión de la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la Junta de Gobierno Local, que por aquel entonces estaba conformada por el PP y el PSA.

«Pedro Pacheco debe enterarse ya de que la Justicia no es un cachondeo», aseveró ayer el portavoz de los parcelistas, Francisco García.

Primer paso

El colectivo quiso expresar ayer su satisfacción por el contenido de la sentencia, a la vez que agradeció el apoyo recibido en este proceso judicial por algunos estamentos de la ciudad. Según García, «sólo se ha dado un paso, sólo es la primera sentencia, pero estamos en el camino correcto para demostrar y sacar a la luz los desmanes que la GMU llevó a cabo con nosotros».

En ese sentido, el portavoz de los parcelistas afectados formuló ayer un llamamiento muy claro: «Recomendamos a todos los que se hayan sentido víctimas de una decisión injusta por parte de Urbanismo que denuncien ante la Justicia sus situaciones». García señaló que, aunque ha pasado demasiado tiempo hasta empezar a ver los frutos de esta batalla legal, se comprueba que la Justicia responde cuando se cuenta con la fuerza de la razón.

El representante de este colectivo quiso también lanzar una recomendación a los actuales responsables del Ayuntamiento de Jerez. A su juicio, «Pilar Sánchez y su gobierno deben mirar bajo las alfombras de Urbanismo y destapar todas las irregularidades que se han cometido durante tanto tiempo». García concluyó confirmando que la sentencia del Contencioso se añadirá al proceso penal que se sigue por esta misma causa en otro juzgado de Jerez.

Los hechos que valora en su sentencia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de nuestra ciudad se produjeron en el año 2004, cuando el Consistorio jerezano estaba en manos de una coalición formada por el PP y el PSA y tenía como alcaldesa a la popular María José García-Pelayo. Puesto ayer en contacto este medio con ella, la edil del PP dijo desconocer los detalles de este proceso, y se limitó a señalar: «Nunca he votado nada con el informe en contra de los técnicos». García-Pelayo es de los pocos políticos que aún no han sido llamados a declarar en el proceso penal, pese a estar imputada. Cuando tenga que comparecer lo hará en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por su condición de aforada. En lo que respecta al PSA, simplemente fue imposible hablar con ellos ayer.