El Gobierno de Morales tacha de «cantinflada» la decisión del Tribunal Constitucional de suspender su consulta

El Gobierno de Evo Morales ha tachado hoy de "cantinflada" la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referendo revocatorio del diez de agosto y, tras acusar a este órgano de prevaricación, ha afirmado que la consulta seguirá adelante.

El ministro de Defensa, el abogado Walker San Miguel, ha explicado en rueda de prensa que la decisión tomada por Silvia Salame, única magistrada del Tribunal, por las sucesivas renuncias de los otro cuatro miembros elegidos por el Parlamento, recuerda a las actuaciones del actor mexicano Cantiflas. Además, ha enfatizado que "mancilla incluso el honor de la abogacía" y el Gobierno presentará en su contra una "querella criminal por prevaricación" porque, a su juicio, no puede firmar un decreto de tal importancia de forma individual.

La magistrada ha ordenado a la Corte Nacional Electoral suspender la organización de la consulta sobre los mandatos de Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país. La votación excluye a la prefecta de Chuquisaca, la indígena quechua Savina Cuéllar, quien fue electa recientemente tras la renuncia de su antecesor.

Salame ha comunicado a los medios locales que la decisión es consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional. Ha explicado que dado que es la única magistrada del TC no puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del referendo, pero puede firmar un decreto para frenar el proceso hasta que ese órgano cuente con todos los magistrados que necesite y analice el tema de fondo.

Amparada por una ley del Congreso

El encargado de casi todos los asuntos legales del Gobierno de Morales, el ministro Arce, ha sostenido que la consulta del diez de agosto está amparada por una ley del Congreso, respaldada en el Senado por partidos de la oposición y el oficialismo. Señaló que el TC, que teóricamente debe poseer cinco miembros titulares y otros tantos suplentes, debe funcionar con un mínimo de tres miembros para tomar cualquier decisión jurídica con efectos.

Morales se encuentra en plena campaña para ser ratificado en las urnas y los prefectos opositores, aunque han calificado de injusta la ley de convocatoria al referendo, han aceptado someterse al mismo. Para el mandatario indígena, el referendo debe permitir a los bolivianos elegir entre su proyecto de refundación constitucional y los movimientos autonomistas impulsados por opositores en cinco de las nueve regiones del país.

Las condiciones del referéndum

El propio Morales presentó el proyecto de ley sobre la consulta revocatoria al Congreso en diciembre pasado, cuando el país vivía una conflictiva situación vinculada al proceso constituyente. La Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aprobó en enero ese proyecto, que después se estancó durante varios meses en el Senado, de mayoría opositora.

La ley promulgada establece que para revocar los mandatos hace falta que el 'no' supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos. Así, Morales y García Linera tendrían que dejar los cargos si el 'no' es superior al 53,7% de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.

Si los bolivianos deciden revocar al presidente y al vicepresidente, Morales debe convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.