CGT acusa a Brenes ante la Fiscalía por incumplir la ratio de alumnos por centro
El sindicato denuncia que el delegado provincial ha llevado a cabo una gestión partidista «para beneficiar al PSOE regional»
Actualizado: GuardarEl sindicato CGT anunció ayer que ha llevado ante la Fiscalía al delegado provincial de Educación de la Junta, Manuel Brenes, por «presunta prevaricación al autorizar ilegalmente aumentos de las ratios en numerosos centros de la provincia».
En un comunicado, el sindicato manifestó que después de dos años consecutivos denunciando «numerosas actuaciones ilegales», entiende «necesario dar un paso más y denunciar la conducta prevaricadora que supone conocer la ley y no aplicarla». En opinión del sindicato, la intención del delegado es producir «un beneficio al PSOE que tiene la responsabilidad de gobernar en Andalucía».
En este sentido, añadió que «el respeto a las ratios establecidas en la Ley de Educación supondría el aumento de unidades en numerosos centros educativos, con el consiguiente incremento de recursos humanos y materiales». Según la normativa andaluza, el número máximo de alumnos por clase en los niveles de Infantil y Primaria es de 25, mientras que el de Secundaria alcanza los 30.
Reclamaciones
Según CGT, «el PSOE andaluz no está dispuesto a ello, ya que prefiere invertir el dinero en hacer política, ofertando programas estrellas, que en cualquier caso deberían ser subsidiarios del respeto a los mínimos de calidad establecidos en la norma».
Igualmente, el sindicato manifestó que «no es posible justificar la incapacidad de la Administración educativa para cumplir con el mandato legal de respetar la ratio de alumnos. Además, aseguró que desde 2006 la Consejería de Educación de la Junta ha venido dando «justificaciones muy diversas para aumentar ilegalmente el numero de alumnos por unidad».
Ante esta situación, muchos padres y profesores, han presentado numerosas reclamaciones en las que acusaban a la Consejería del ramo de mantener los grupos de alumnos «por encima de la ratio legalmente establecida, sin justificación legal alguna», según la organización sindical CGT.