Empleo público a revisión

a decisión de reducir la oferta pública de empleo y la congelación del sueldo de altos cargos por parte de la Administración central y de algunas comunidades autónomas constituyen algo más que un gesto simbólico a la hora de reajustar los presupuestos para 2009 en respuesta a la crisis. Aunque no todas las instituciones han optado por aplicar esas mínimas medidas. La preocupante situación económica invita a los poderes públicos a revisar su gasto corriente y, en especial, a reflexionar sobre si la magnitud que ha ido adquiriendo la función pública en un Estado fuertemente descentralizado se adecua a los requisitos de eficacia en la gestión y de eficiencia financiera. Baste señalar que en España las retribuciones a los funcionarios representan el 26% del gasto público, frente a un 22,8% de media de los 27 miembros de la UE. El paulatino incremento de los empleados dependientes de las instituciones autonómicas no ha conllevado ni mucho menos una disminución equivalente de los funcionarios adscritos al Gobierno central. Por su parte, las instituciones locales y provinciales cuentan con una dotación de personal más acorde con las atribuciones y disponibilidad financiera que deberían tener que con la que tienen en la actualidad. Por último, si se compara el número de funcionarios autonómicos y locales con la población de cada comunidad autónoma se dan diferencias sustanciales entre las mismas que difícilmente podrían justificarse por causas como la dispersión, la insularidad o cualquier especificidad territorial. Las instituciones autonómicas cuentan con 3,09 funcionarios de media por cada 100 habitantes, y las locales con 1,36 empleados públicos para la misma población. Si su carga salarial, unida a la de los funcionarios de la Administración central y a la de las universidades, se sitúa más de tres puntos por encima de la media europea es lógico pensar que esos porcentajes no deberían ir a más. Y que alguna autonomía y algún ayuntamiento tendrían que reducir su empleo público. Las administraciones se ven obligadas a asumir tareas nuevas, derivadas de la reforma educativa, del medio ambiente o de necesidades emergentes en materia de servicios sociales. Pero parece necesario que la eventual habilitación de nuevos puestos en la función pública sea compensada con la amortización de otros cuya razón de ser haya podido decaer.