Café para todos

Solbes había filtrado que el nuevo sistema habrá de tener 'coste cero' para el Estado, que con toda seguridad deberá incrementar sensiblemente los gastos sociales en los próximos ejercicios para compensar la caída de la actividad y sus efectos. Pese a ello, en el nuevo modelo se respetan las cesiones de impuestos del Estatuto catalán -hasta el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales-, pero todo indica que el Gobierno dejará de efectuar 'aportaciones adicionales extraordinarias', ni siquiera la ayuda anual de 1.700 millones de euros que el Estado concede desde 2006 para cubrir el déficit sanitario. La reforma incluirá una ampliación de la capacidad normativa de las comunidades en materia fiscal y se ampliará la participación y colaboración tributaria en el marco de una mayor cooperación con la Administración Central.

Lógicamente, el nuevo sistema sí considerará la desigual evolución demográfica registrada en estos últimos años para adaptar la financiación de los servicios a la población real, si bien Solbes ha aclarado que «no está decidido cómo se lleva la población de 1999 -base del actual sistema- a la de ahora». De hecho, las siete comunidades que menos incremento de población registran ya se han aliado para que, además de la población en valor absoluto, se consideren otros factores -extensión, envejecimiento, dispersión geográfica- a la hora de prorratear los recursos. Lógicamente, las regiones que más inmigración reciben, y que padecen el consiguiente ahogo en sus servicios públicos, aspiran a todo lo contrario. Con seguridad, este asunto será uno de los caballos de batalla de la negociación a cara de perro que se avecina.

Pese a las presiones catalanas, la propuesta de Solbes no incluye las dos exigencias estrella del catalanismo político: un límite a la solidaridad (al déficit) y lo que la Generalitat llama «nivelación parcial de servicios», por la que el Fondo de Suficiencia que garantiza una financiación igual por habitante en todas las Comunidades Autómomas apenas debería aplicarse a Sanidad, Educación y algunas prestaciones sociales. De momento, Solbes ya ha incluido la Justicia en el paquete.

Por añadidura, y para complicar más las cosas, Economía ha accedido a negociar con la Federación de Municipios y Provincias una reforma de la financiación local, vinculada a la de la financiación autonómica: al parecer, el Gobierno quiere que las Comunidades Autónomas paguen una parte de los 7.000 millones de euros que los municipios reclaman para costear las llamadas «competencias impropias», que deberían correr a cargo de las distintasAdministraciones autonómicas.

Las reacciones a la propuesta de Solbes no se han hecho esperar. Antoni Castells ha manifestado que el modelo propuesto es «decepcionante, insuficiente y preocupante», y con estas premisas buscará, el próximo lunes, el acuerdo con CiU para lograr una posición común con vistas a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, que tendrá lugar el martes 22. En dicha reunión deberían consolidarse algunos principios básicos que faciliten la negociación real, que ya se producirá en septiembre. Será difícil conseguir consenso al primer intento.

Las balanzas fiscales han desactivado la reclamación catalana porque han constatado que, si bien Cataluña es altamente solidaria, también lo son Baleares, Madrid, Navarra o la Comunidad Valenciana. En otras palabras, el Estado de las Autonomías funciona como un sistema federal, por lo que no es posible defender la tesis de que el caso de Cataluña es excepcional.