El Gobierno aprobará en septiembre un nuevo plan para el retorno voluntario de inmigrantes a sus países

El Gobierno presentará en septiembre un plan de retorno voluntario de inmigrates, una nueva medida que facilitará a los parados extranjeros no comunitarios volver a su país de origen y cobrar el paro de forma anticipada. Este plan afectará a cerca de 100.000 personas, según ha explicado la vicepresidenta María Teresa Fernández.

Los trabajadores que se acojan a esta propuesta percibirán un adelanto del 40% de su prestación de desempleo antes de abandonar España, y el resto, un mes después de llegar a su país. "La mayor parte" de los inmigrantes que podrían acogerse a este plan proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia aunque España tiene suscritos convenios de Seguridad Social con 19 países.

El objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí, precisa la referencia del Gobierno. Los trabajadores que se acojan a este plan tendrán que esperar tres años antes de solicitar una nueva autorización para vivir y trabajar en España, aunque pasados cinco años, "tendrán derecho preferente para volver y formar parte del contingente" de empleo..

Por los dos países y la persona

La iniciativa es de "carácter permanente y no coyuntural", y "no anula ni sustituye", sino que "complementa" a los otros planes de retorno previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería. La vicepresidenta ha asegurado que se trata de una medida "justa y voluntaria, pensada por igual para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro" y que "se suma a otras similares aplicadas en otros países de nuestro entorno".

Por lo tanto, el retorno voluntario de trabajadores inmigrantes "no anula otros planes que están contemplados en la Ley de Extranjería", que "van a seguir en vigor porque responden a necesidades distintas". Asimismo, el Gobierno "hará esfuerzos" para atender a las necesidades de las ONG, que "hacen un papel realmente extraordinario". El Ejecutivo ha informado ya de este plan a los interlocutores sociales, al Parlamento y a las comunidades autónomas.