Legislación más justa
La puesta en libertad de José Ignacio de Juana Chaos prevista para el próximo 2 de agosto, tras haber cumplido su pena por el asesinato de 25 personas, ha hecho aflorar dos problemas que presenta el procesamiento y condena de terroristas en relación a sus víctimas: la elusión del pago de las indemnizaciones que las sentencias establecen para compensar materialmente del daño causado y el riesgo de que, una vez cumplida la pena, pasen a residir en el entorno de sus propias víctimas o de quienes lo son a causa de la violencia etarra. La sanguinaria trayectoria del todavía preso y la provocadora desfachatez de su conducta al desafiar al Estado con una huelga de hambre habían contribuido ya a que su inapelable salida de prisión suscitara inquietud y sentimientos de profundo rechazo entre quienes más han padecido las consecuencias del terror y en una opinión pública sensibilizada frente al matonismo que acompaña las acciones de ETA. Pero el anuncio por parte de José Ignacio de Juana de que ha iniciado un tercer ayuno indefinido en la prisión de Aranjuez, lejos de conmover a la opinión pública, no puede más que provocar la indignación de la ciudadanía. El hecho de que esta nueva huelga de hambre la emprenda el citado preso para protestar «ante la nueva campaña mediática que están sufriendo él y su familia» y para «denunciar las medidas de excepción» que según él se aplican a los reclusos de ETA convertirá tal indignación en un clamor para que el Estado de Derecho haga caso omiso ante su ignominiosa conducta. De nuevo quien fuera el verdugo implacable de tantas personas pretende hacerse la víctima sin siquiera retractarse lo más mínimo de su bárbaro pasado.
Actualizado:El efectivo cobro de las indemnizaciones fijadas judicialmente y el alejamiento de los condenados por terrorismo del lugar de residencia de las víctimas requieren modificaciones legislativas cuyos efectos podrían adelantarse con iniciativas que apuren las posibilidades del vigente ordenamiento, como lo ha hecho la fiscalía de la Audiencia Nacional al pedir al tribunal que emitió la última sentencia condenatoria contra De Juana Chaos que impida de inmediato la venta de una vivienda entre la madre del preso y su actual esposa. En cuanto a lo primero, sería lógico contemplar medidas cautelares que eviten la ocultación de bienes mediante su liquidación formal en el inicio mismo de los procedimientos judiciales en materia terrorista. Su virtualidad no sólo estribaría en la materialización indemnizatoria; acabaría también con el bajo coste que los estragos suponen para quienes los causan y para los eventuales beneficiarios de los bienes que poseen. Por su parte, la inclusión de medidas de alejamiento respecto al domicilio de las víctimas directas resulta tan necesario como difícil de eludir legalmente la coincidencia espacial de quien ha cumplido condena por terrorismo con otras víctimas de ETA si no es mediante destierro. Una posibilidad que entraría en colisión el sistema de libertades y con la finalidad que la Constitución concede a las penas de cárcel.