La Justicia agiliza los trámites legales para la excarcelación de Rafael Ricardi

Rafael Ricardi apura sus últimos momentos en prisión. Su excarcelación se está promoviendo a marchas forzadas para que se haga efectiva «lo más pronto posible», aseguraban ayer fuentes judiciales. Pese a que la Fiscalía General del Estado, a instancia del Ministerio Público de Cádiz, ya lo ha solicitado, el sistema de garantías que el Estado español tiene, obliga a cumplir una serie de trámites burocráticos que al final desembocan en la dirección de la cárcel de Topas (Salamanca), donde se cumplimentará el mandato judicial. Aunque en el caso de un preso inocente, ese tiempo corre aún más en su contra.

Tras conocerse el resultado de las últimas pruebas practicadas en el Instituto Nacional de Toxicología, que han devuelto la condición de inocente al portuense, la jornada de ayer se caracterizó por las distintas repercusiones que ha tenido la decisión de la Fiscalía de Cádiz de promover la revisión de la pena y su puesta en libertad. La más polémica de todas, por la dureza de sus críticas, fue la manifestación que hizo la Asociación Pro Derechos Humanos, que tutela la defensa de Ricardi. Su presidente, Rafael Lara, a través de un comunicado, cargaba las tintas contra la fiscal jefe, Ángeles Áyuso, y la Audiencia Provincial, y le quitaba importancia a la actuación policial, que será investigada por el Ministerio Público tras detectar fallos que han entorpecido la resolución del caso, según manifestó Ayuso hace dos días. «Es cierta la prepotencia de muchos jueces y fiscales, su renuencia a reconocer los errores y enmendarlos aunque sea a costa de mantener en la cárcel a una persona inocente», indicaba el citado comunicado.

Uno de los episodios más contradictorios de la investigación a la que fue sometido Ricardi es la confesión que hizo después de llevar tres años condenado. Semanas atrás, Pro Derechos Humanos negó en rueda de prensa que existiera tal hecho. Ahora confirman que el portuense fue coaccionado, como el mismo Ricardi dijo ante el juez instructor del nº 3 de El Puerto. «La Fiscalía que anteriormente tanto se ha basado en estas declaraciones del año 2000 -en el sumario consta que el preso se autoinculpó ante la Policía y el juez en 1999- para defender la culpabilidad de Ricardi, ahora debería hacer una profunda reflexión y entender que ya no pueden seguir exigiendo a los presos de este país que para obtener permisos penitenciarios, reconozcan (aun falsamente) sus supuestos delitos».

Otra reacción esperada era la del comisario provincial, José María Deira, quién negó ayer que los investigadores hubieran cometido errores en sus pesquisas. «No, no considero que haya nada. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho muy bien. Ha sido un éxito policial magnífico. No nos lo va a enturbiar nadie». Deira prefiere, sin embargo, no hacer ninguna valoración sobre la última prueba hallada, a petición de la Fiscalía, en un material que hasta ahora no había podido ser analizado. «No merece la pena. Lo que hay es lo que dijimos en la anterior rueda de prensa, y lo que dijimos en 98 y en 2000».

En ese año (2000), la Policía remitió a la Audiencia Provincial un informe en el que se indicaba que los restos de semen hallados en la ropa interior de la víctima pertenecían a un individuo distinto a Ricardi. Sobre ese primer informe, también la defensa de Ricardi ha puesto en tela de juicio la actuación del órgano judicial, asegurando que «no le hicieron caso alguno». El presidente de la Audiencia confirmó ayer a este medio que tras recibir el oficio, lo remitió a las partes implicadas porque él no era el magistrado competente en el asunto. «Nadie decidió solicitar la revisión, ni tampoco su defensa. Era un informe light porque si bien indicaba que había ADN de otra persona, no contradecía otras pruebas contundentes como la identificación que hizo la víctima y además existía hasta una confesión».

Del Río quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. «Es una grandísima pena lo que ha ocurrido. Pero estamos ante algo excepcional. El juicio de la Sección Quinta se desarrolló con exquisita cautela y existió una prueba testifical rotunda». Fuentes del Consejo General del Poder Judicial explicaron que a priori no se puede hablar de negligencia de la judicatura. «Es una desgracia lo ocurrido, pero no existe indicio alguno de que existiera irregularidades en el juicio y en la posterior ratificación del Supremo. Las nuevas técnicas permiten llegar a unas pruebas que antes no se podían obtener».

Vida destrozada

Estas explicaciones no consuelan a la familia de Ricardi, que han soportado una larguísima ausencia y una condena sin motivos. «Mi padre no ha podido disfrutar de nada. Cuando lo encarcelaron era toxicómano, pero antes que nada era una persona y no se le ha tratado como tal». Con estas palabras y mucha alegría e indignación la hija de Rafael Ricardi, Macarena, hablaba de la ansiada excarcelación. Pero no puede olvidar todos los años que ha sufrido y llorado porque él estaba entre rejas. Macarena asegura que su padre está destrozado moralmente. «Tiene que empezar a vivir. Aprenderlo todo de nuevo. Imagínese que, sin saber por qué, le meten 13 años en la cárcel. Esto ha sido un crimen», comentó desolada.

La familia espera que el portuense salga de prisión en el plazo de una semana y su hija asegura que pedirán responsabilidades porque «todo el sistema ha tenido la culpa de este irreparable error». Además, solicitarán una indemnización para que Ricardi cuente con los recursos necesarios para rehacer su vida. «Trece años de privación de la libertad no se paga con nada». La fórmula jurídica para obtener la compensación económica es la reclamación patrimonial. Este procedimiento no puede iniciarse hasta que el Supremo resuelva la anulación de la condena. A partir de entonces, la defensa debe cuantificar cuál debe ser la cantidad exigida.

No existe un baremo concreto fijado por ley, pero se atienden a circunstancias como el tiempo discurrido entre rejas. Aunque dada la gravedad de los hechos, se vaticina una indemnización muy cuantiosa. Sirva como ejemplo algunos precedentes: Justicia propuso 120.000 euros para resarcir el daño ocasionado a Dolores Vázquez, que estuvo 17 meses en prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof; o los 103.000 euros que le impusieron de multa a una jueza de Motril por olvidar excarcelar a un preso, que estuvo año y medio de más en prisión.

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