Legalidad frente a obstinación
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco el pasado 27 de junio conlleva su inmediata suspensión a la espera de que el Alto Tribunal emita su definitiva sentencia sobre el caso. El hecho de que el Partido Popular haya presentado su propio recurso refuerza políticamente una impugnación cuyos fundamentos jurídicos son sobradamente consistentes como para esperar del Tribunal Constitucional un veredicto contrario a las intenciones auspiciadas por Ibarretxe y secundadas por los socios del Gobierno vasco con el inestimable préstamo parlamentario de la izquierda abertzale. La inconstitucionalidad de la ley promovida por el lehendakari resulta tan manifiesta que sorprende cómo su mentor, que encarna la representación ordinaria del Estado en Euskadi, puede calificar la decisión de los recurrentes de «prepotente y arbitraria». Ni la literalidad del artículo 9.2 del Estatuto vasco habilita a sus instituciones para convocar un referéndum, ni siquiera bajo el eufemismo de consulta, ni la potestad para tal convocatoria puede sustraérsele al Estado mediante una ley autonómica.
Actualizado:El lehendakari Ibarretxe, flanqueado solemnemente por sus consejeros, anunció ayer que el Gobierno vasco emprenderá todas las iniciativas «legales, sociales y políticas» en caso de que su consulta no sea finalmente permitida por el Tribunal Constitucional. La advertencia refleja la forma peculiar que el nacionalismo vasco ha adoptado de afrontar aquellas resoluciones judiciales cuyo contenido no comparte. Cada vez se hace más evidente que mediante su insistente desafío al Estado constitucional y su tozuda pretensión de desenganchar la autonomía vasca del mismo el lehendakari Ibarretxe ha logrado adueñarse de la voluntad política del PNV, cuyos dirigentes no parecen capaces más que de musitar alguna inquietud ante la huida hacia delante del inquilino de Ajuria-Enea. La afirmación, por parte del lehendakari Ibarretxe, de que «el recurso supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno» no sólo representa una exageración fuera de toda racionalidad, absolutamente alejada de la vivencia ciudadana de la autonomía. Constituye sobre todo un intento por apropiarse del autogobierno de los vascos para reducirlo a la dimensión soberanista que se obstina en imponerle.