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Editorial

Declive inmobiliario

La suspensión de pagos de Martinsa Fadesa ha añadido una mayor inquietud tanto respecto al futuro del sector inmobiliario como en cuanto a los efectos que su declive puede comportar para las entidades financieras más ligadas a la promoción. El temor a que lo ocurrido con la citada compañía pueda reproducirse en otras de menor tamaño pero igualmente endeudadas pesó sin duda ayer, y no sólo en la cotización de los valores inmobiliarios, de construcción y de banca, también en el incremento de la incertidumbre con la que la opinión pública asiste al paulatino deterioro de la situación económica. Si el desarrollo de la jornada bursátil corrigió una caída que llegó a alcanzar el 4% para acabar, en cualquier caso, con un 2,5% de pérdida, no parece que el golpe anímico provocado por la noticia de la suspensión de Martinsa en la sociedad pueda experimentar siquiera tan leve remontada. Las instituciones han de actuar prioritariamente para paliar los efectos de tal medida sobre los trabajadores de la empresa y de otras directamente dependientes, y para garantizar que las familias que habían adelantado su dinero con el fin de acceder a una vivienda puedan lograrla o recuperar su financiación. Pero más dudoso resulta que las Administraciones puedan adelantarse a la posible agudización de la crisis en el sector si no es mediante el desarrollo de los planes previstos de antemano en materia de vivienda y construcción o acortando los plazos establecidos para su ejecución.

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Nadie puede alegar que lo ocurrido no entrara dentro de lo previsible. Pero la resistencia a admitir los peores augurios no es sólo achacable al Gobierno. Las empresas afectadas y el propio sistema financiero han sido también partícipes de una tardía respuesta a los primeros indicios del revés inmobiliario. Un revés que no se está trasladando en la misma proporción al precio de la vivienda, que ha crecido nominalmente un 2% en el último año. De ahí que los argumentos del sector pierden peso cuando demanda una mayor implicación de las entidades financieras considerando que a ellas atañe su crisis de liquidez, o cuando exige del Gobierno una intervención directa para lograrlo. Porque, en todo caso, el impulso público para asegurar la liquidez financiera debería alcanzar a todos los sectores de la economía.