Zapatero pide al Constitucional que anule la ley para la consulta de Ibarretxe

Nada más comprobar que el Boletín Oficial del País Vasco había publicado ayer la Ley de Consulta de Juan José Ibarretxe aprobada el 27 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero ordenó a la Abogacía del Estado recurrir ante el Tribunal Constitucional. La impugnación se fundamenta en tres apartados: el 'lehendakari' se arroga la competencia del Estado para autorizar consultas populares, la ley trocea la soberanía nacional y su tramitación vulneró el reglamento del Parlamento vasco. El Gobierno no alberga dudas de que el Constitucional admitirá su demanda, paralizará de inmediato la aplicación de la ley y la declarará nula e inconstitucional.

Doce minutos. Ése fue el tiempo que transcurrió desde que el Gobierno supo de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco hasta que el director de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, se presentó en el Constitucional con el recurso, según el relato del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también subrayó la prontitud de movimientos y se felicitó de que la administración haya actuado «desde el minuto uno». Esta celeridad será correspondida por el tribunal, cuyo pleno se reunirá esta semana para admitir el recurso, con la consiguiente suspensión de la Ley de Consulta.

El escrito de 31 páginas sostiene que la iniciativa viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación de los referendos y pretende «marginar» al Estado de «una competencia exclusiva», como «la autorización de una consulta popular».

Considera asimismo que «la consulta regulada por la ley impugnada es, con toda claridad, un referéndum consultivo», una apreciación dirigida a desmontar uno de los ejes argumentales del 'lehendakari', quien ha repetido una y otra vez que su convocatoria es para una consulta popular no vinculante, no un referéndum.

Los servicios jurídicos defienden que los «referendos consultivos autonómicos no pueden celebrarse sin que el Estado lo autorice», planteamiento que amparan en los artículos 92 de la Constitución y 6 de la ley de referendos, y por ello la consulta que impulsa Ibarretxe en los términos que está planteada «no está sujeta» a la preceptiva autorización del Estado con lo que «vulnera claramente» las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Indisoluble

La Abogacía del Estado apunta también que la segunda pregunta que se pretende someter a plebiscito, la referida al ejercicio del derecho a decidir, viola los artículos 1 y 2 de la Carta Magna, que atribuye la soberanía nacional «al pueblo español, y no a una parte del mismo». El interrogante, por otra parte, «atenta a la unidad de la nación» que, según la Constitución, es «indisoluble». Se alega además que «cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo» y «en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad».

El tercer pilar del recurso descansa sobre la vulneración del reglamento del Parlamento vasco al tramitar la ley por el procedimiento de lectura única ya que ese trámite para una norma de ese tipo «supone una restricción radical de los derechos de examen, debate y enmienda de los parlamentarios» y es un fórmula legislativa «absolutamente excepcional» que en este caso se ha aplicado de forma «indebida e inadecuada».

El recurso del Gobierno huye, a diferencia del redactado por el PP, de las apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica sin margen para otras reflexiones. La Abogacía del Estado, como es lógico, solicitó que el tribunal estime la impugnación y declare «inconstitucional y nula» la Ley de Consulta. De momento, el Constitucional tendrá que decidir si lo admite a trámite, resolución que tomará en breve, y si lo acepta la norma quedará suspendida durante cinco meses.

Convicción

El Ejecutivo está seguro de que así será. El ministro del Interior dijo tener «la convicción» de que ocurrirá porque es obvio que Ibarretxe «no está autorizado» para convocar consultas. «Los gobernantes -resaltó- no pueden hacer nada para lo que no están autorizados, es la esencia de la democracia». Fernández de la Vega, a su vez, indicó que «los ciudadanos pueden estar tranquilos» porque no habrá consulta pues «nadie va a vulnerar» el Estado de Derecho.

El titular de Justicia confió que impere «el sentido común» entre los gobernantes vascos y que «el disparate» de la consulta «acabe hoy». Fuentes gubernamentales no mostraron, sin embargo, confianza en que Ibarretxe transite por ese camino. El Ejecutivo deposita sus esperanzas en el PNV para que el 'lehendakari' «entre en razón» y recordaron que el líder del partido, Iñigo Urkullu, garantizó que no harían «locuras» y acatarían la ley. El Gobierno, sin embargo, no se fía, porque no sería la primera vez que Ibarretxe va por libre y en sentido contrario al PNV. Además, agregaron las fuentes, el 'lehendakari' está en campaña electoral y el mejor alimento para la misma es mantener la tensión en torno a la consulta.

El 15 de septiembre concluirá el tiempo para que Ibarretxe pueda convocar el plebiscito para el 25 de octubre. El Gobierno central y el PP coincidieron en pedir celeridad al Constitucional para que resolviera antes del 15 de septiembre sobre los recursos. Ambos llegaron incluso a instar a al tribunal a declarar hábil el mes de agosto para poder emitir sentencia antes de que comiencen a contar los plazos para la consulta.