La degradación municipal

Como era fácilmente imaginable, la fiscalía anticorrupción ha terminado -dos años después de las primeras denuncias- encontrando indicios altamente sospechosos en la macrourbanización de 'El Pocero' en Seseña, Toledo, justo en el límite de la provincia de Madrid. Aquel engendro surrealista de más de 13.000 viviendas en medio del páramo manchego, obra de un megalómano multimillonario, que vulneró todas las condiciones urbanísticas vigentes y se convirtió súbitamente en un hecho consumado ante la sospechosa pasividad de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sólo fue posible por el procedimiento de llenar los bolsillos de un alcalde venal que recibió donativos injustificables e injustificados y que ahora exhibe, el incauto, la fotocopia de unos cupones de la ONCE supuestamente premiados. El alcalde, corrompido, ya está procesado. Y no se entiende que el mismo fiscal no haya hecho lo propio con el corruptor, que está bien a la vista.

La prensa de ayer -ni siquiera hace falta revisar muy atrás las hemerotecas para escandalizarse- informaba de que acaba de ser detenido el alcalde y la primera teniente de alcalde de Benitatxell, localidad en el norte del litoral alicantino, por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la recalificación de terrenos. Hace apenas unos días, en Denia, una potente urbe mediterránea también alicantina, un concejal socialista tránsfuga se cambiaba de bando y el alcalde del PSOE era sustituido por otro del PP; tras este escándalo está la construcción de 20.000 viviendas, paralizadas por el nuevo equipo municipal, ahora defenestrado en una operación que, por simple sentido común, no puede ser del todo limpia. Y también la prensa de ayer hacia recuento cuantitativo de lo realmente sucedido en Marbella: entre 2002 y abril de 2006, fecha de la operación malaya, período en que fueron sucesivamente alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, el botín sustraído de las arcas públicas superó los 253 millones de euros, unos 42.000 millones de las antiguas pesetas. El déficit municipal asciende, en fin, a unos 335 millones de euros, lo que representa un desequilibrio de casi 2.700 euros por habitante.

En prácticamente todos los casos detectados desde el estallido del escándalo marbellí, que pasan cumplidamente del centenar, se repiten las mismas pautas: primero se advierten las irregularidades sospechosas, que en materia de urbanismo son inocultables cuando afloran; después, tardíamente, la fiscalía toma cartas en el asunto. Y en la gran mayoría de los casos, se procede contra el administrador público, y muy raramente contra el inductor de la prevaricación y del cohecho. Ni los secretarios de los ayuntamientos -un venerable cuerpo que conoce al dedillo el devenir de su administración-, ni los arquitectos municipales -que han de conocer a la perfección de las normas y sus límites-, ni la intervención general del Estado, ni la Agencia Tributaria -que tiene acceso a los bienes patrimoniales de los ciudadanos- ejercen en la práctica control alguno sobre la corrupción, que incomprensiblemente sigue gozando de bastante prestigio en este país.

En un régimen democrático, la honradez no está acreditada. La condición humana es débil y el rigor contable de las administraciones públicas y de sus funcionarios sólo se garantiza mediante los pertinentes y escrupulosos controles. Es manifiesto que en el ámbito municipal estos controles no existen o están excesivamente relajados, y ello explica la sobreabundancia de irregularidades delictivas, que no son del todo percibidas como tales por la ciudadanía, como si no fuera su propio dinero el usurpado. De hecho, políticos encausados por prevaricación obtienen frecuentemente apoyo popular en las urnas.

Esta situación no es sostenible por varias razones. Primero, porque se difunde la imagen de una democracia bananera e inescrupulosa, en la que los grandes valores no están asentados.

Después, porque se producen injusticias flagrantes: el bien común y el patrimonio colectivo están en juego. Finalmente, porque los desmanes urbanísticos tienen, a posteriori, muy difícil arreglo: no siempre es fácil ni recomendable destruir edificaciones ilegales, que ya están en manos de ciudadanos honrados ajenos a la picaresca.

Conviene, en fin, que se analice cumplidamente el fenómeno de la corrupción municipal con todo cuidado en el Parlamento, con el auxilio de expertos en las diversas materias, al estilo de las comisiones regias británicas, para obtener una batería de conclusiones operativas que sean rápidamente implementadas y que nos liberen esta ominosa epidemia.