Ley obligada

a aprobación por el Consejo de Ministros del primer proyecto de Ley que regulará los servicios de las entidades no financieras que ofrecen créditos al margen de los requisitos habituales del sistema bancario constituye una iniciativa necesaria que se había aplazado de forma inexplicable. Cabe suponer que el Ejecutivo ha promovido la nueva normativa ante las crecientes dificultades que sufren las familias por la carestía de las hipotecas y de la cesta de la compra y la restricción de los préstamos convencionales. Pero el retraso en la reglamentación ha podido sumir ya en la indefensión a no pocos clientes, dispuestos a aceptar condiciones de pago leoninas a fin de hacer frente a endeudamientos que no podrían encarar por otra vía. La posibilidad de que los consumidores tengan 14 días para anular el contrato supone una salvaguarda imprescindible ante eventuales abusos.