El campo aumenta la ofensiva por los «abusivos» precios de los alimentos

Algo falla cuando a cualquier consumidor le cuesta más de 15 euros el kilo llevar a su mesa un filete de ternera, mientras que al ganadero que ha criado, alimentado y vendido el animal del que procede apenas le han pagado unos 3 euros el kilo. El desajuste de estos precios es escandaloso, y aunque no es nuevo, sí llama la atención que ni siquiera se hayan rebajado las diferencias de lo que se paga en origen al productor a lo que tienen que abonar los compradores finales en estas fechas en las que se está alertando de la caída del consumo. Vendan mucho o poco, parece que la estrategia de los supermercados no pasa por abaratar el precio de los productos.

Para los agricultores y ganaderos, estos «abusos» y «comportamientos irregulares» tienen un claro culpable: la gran distribución comercial que controla el mercado, que impone sus precios y que no actúa fuera de la legalidad, pero «sí de forma totalmente injusta para todos menos para sus intereses».

Según datos de la organización agraria UPA, la demanda en origen de los alimentos está concentrada en tres grandes grupos de la distribución (Mercadona, Carrefour y Eroski), que tienen una cuota de mercado del 49,5% y que imponen su criterio a 900.000 productores y cerca de 4.000 asociaciones agrarias.

Lo peor de esta situación, y una visita a cualquier establecimiento lo demuestra, es que hay pocos productos que se vean libres de estos precios desorbitados. El mismo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicaba esta semana sus datos de la cesta de la compra y revelaba que sólo uno de cada seis alimentos era más barato que hace un año. «No hace falta que lo diga el Gobierno», apuntaba ayer María Garrido, una ama de casa que esperaba su turno en el Mercado de Abastos, «yo lo noto cada vez que hago la compra. Cada vez me cunde menos».

De lo que tampoco se libra ni uno de los alimentos es de la enorme diferencia entre el origen y el destino. «Los precios para el agricultor y el ganadero son ruinosos y para los consumidores prohibitivos. Los primeros apenas cubren costes con lo poco que les pagan, y del consumidor se abusa. Los únicos que salen ganando son las distribuidoras y comercializadoras», apunta el secretario general de COAG Cádiz, Salvador Pineda.

Lo mismo defendía ayer el líder de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, que se quejaba de «un comercio sin reglas, en el que las grandes superficies campan a sus anchas», y que añadía que «el futuro agroalimentario de Cádiz y de la región no es posible en estos términos y si no hay precios razonables».

En esta lamentable situación, agricultores y ganaderos han decidido intensificar la batalla que desde hace años lideran contra estas prácticas comerciales y presionar a la Administración para que actúe y apruebe leyes que aporten claridad y transparencia al mercado y controlen los márgenes comerciales a lo largo de toda la cadena.

Actuaciones

Esta semana, la organización agraria COAG, que desde hace años trabaja de la mano de las asociaciones de consumidores UCE y Ceaccu, publicó por primera vez un Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboran productores y compradores de forma conjunta realizando un seguimiento a 25 alimentos básicos y que «se publicará todos los meses para servir de orientación y de denuncia», recalcó Pineda.

En esta tabla de precios se refleja que los precios de los alimentos son un 400% más caros en las tiendas que en el campo, con casos especialmente llamativos como el de la sandía (617%), las aceitunas (830%) o el melocotón amarillo (614%) que «ni siquiera tienen un trabajo de transformación que los deba encarecer». Ya lo dijeron en su anterior campaña y ahora lo vuelven a preguntar, ¿Quién se queda con lo que tú pagas?.

En la misma línea, COAG también ha elaborado una proposición no de ley que se va a presentar a los diferentes grupos parlamentarios para que la debatan en el Congreso.

Por su parte, desde UPA presentaron ayer en Jerez su nueva campaña para pedir acciones al Gobierno y para proponer que se pongan en marcha «códigos de buenas prácticas comerciales». Según recalcaron ayer sus responsables, el secretario general de UPA-Cádiz, José Manrique, y el líder andaluz, «es posible subir el precio al agricultor sin que repercuta en el comprador».

Para ello, además de los grandes actos multitudinarios que ya se han celebrado en toda España, han iniciado la recogida de 500.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular. Muchas de estas firmas se pueden realizar ya a través de una página web (www.preciosjustos.es).

La organización también ha previsto una serie de actos reivindicativos «para llegar directamente a las amas de casa, a los compradores finales», según Manrique. Así, el 10 de julio visitarán junto a consumidores el Mercado Rivera (en la carretera Chipiona-Sanlúcar), uno de los mayores de la provincia, para analizar in situ los precios de los productos agrarios. Por su parte, el 15 de julio, recogerán firmas en Cádiz capital junto a una degustación popular de productos típicos gaditanos. Y a finales de mes organizarán otro acto similar en Jerez.

Tras la recogida de firmas y los actos de sensibilización, la campaña concluirá en octubre con una gran movilización prevista en Sevilla a la que estarán convocados todos los productores. Eso sin olvidar que ya han solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue las políticas de fijación de precios.

ppacheco@lavozdigital.es