La Junta no da credibilidad al informe de Greenpeace porque sus datos «no son fiables»
Juan Manuel Barragán, catedrático de la UCA, sí coincide con los ecologistas en la necesidad de frenar los ataques al litoral
Actualizado: GuardarLa consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, afirmó ayer en la firma del acuerdo de construcción de la nueva planta desaladora en los municipios malagueños de Mijas y Fuengirola que su departamento no ve «fiables» las conclusiones que arroja el informe Destrucción a toda costa de Greenpeace sobre la mala situación de las costas andaluzas. La octava edición de este informe, que hace una evaluación de la degradación que presenta el litoral español, es especialmente crítica con la Administración andaluza a la que acusa directamente de «maltratar» su perfil costero y de ceder a las presiones de sectores interesados en la construcción y la industria.
Castillo contrarrestó las afirmaciones de los ecologistas asegurando que las playas de la comunidad «son las más protegidas de Europa». Y aportó un dato estadístico: uno de cada tres kilómetros «están salvaguardados» sin poder hacer nada para contaminarlas, subrayó.
En cambio, sí reconoce la contaminación producida en las costas de Huelva y la Bahía de Algeciras en las últimas décadas, aunque apostilló: «Estamos trabajando con los informes de consejos oficiales para eliminarlos» y que las industrias no sigan con esta lesión del litoral andaluz. Los resultados con los que trabaja la Junta «no ponen en peligro a los usuarios de las costas», aunque se sigue trabajando para eliminar los restos de los últimos años de contaminación, dijo la consejera.
Fuentes de la delegación provincial del departamento que dirige Castillo también destacaron cómo las muestras tomadas a sedimentos de la bahía algecireña evidencian esa mejora. Sin embargo, no quisieron entrar a valorar las conclusiones alarmantes a las que llega Greenpeace.
El informe de los ecologistas dedica gran parte del capítulo destinado a los puntos negros del litoral andaluz al «problema crónico» que tiene el entorno del Estrecho de Gibraltar, por el que navegan al año miles de buques y en donde se producen constantes vertidos de combustible de mayor o menor envergadura. Greenpeace cita a Naciones Unidas que tiene señalada esa Bahía como punto conflictivo del Mediterráneo, y los ecologistas subrayan los graves riesgos de que se produzca una catástrofe.
Castillo confirmó que la consejería sólo trabaja con los resultados de los informes del Consejo de Investigación Nuclear y el Consejo de Investigación Científica -organismos oficiales- y «no con resultados de fuentes sin confirmar o propias -refiriéndose a Greenpeace-».
Más crítico
Una visión menos complaciente la tiene el catedrático de Análisis Geográfico de la UCA y director del Proyecto de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL), Juan Manuel Barragán. Para él, es fundamental que exista firmeza tanto por parte de las administraciones competentes -ayuntamientos y Junta- como de la propia justicia «para evitar el efecto llamada» que supongan nuevos ataques al perfil costero. Barragán se refiere al problema endémico que presenta muchos municipios de la provincia, «donde existen unas bolsas enormes de viviendas ilegales que han invadido no sólo los límites prohibidos de la primera línea de costa, sino que también han llegado a ocupar parajes que tienen una especial protección». Llegados a este punto, el catedrático de la UCA está a favor de que se regularicen esas construcciones, «porque ya no se puede hacer nada», pero considera vital que se ponga «un freno definitivo». Y se pregunta por qué sigue «costando tanto que se tire una casa ilegal o que se paralice una obra sin licencia».
Greenpeace vuelve a incidir en su informe, como hiciera en anteriores ediciones, en el fenómeno de la construcción sin control y pone el ejemplo de Conil, donde destacan la previsión de 3.000 plazas hoteleras cuando se materialicen los distintos proyectos que hay encima de la mesa.
Sin embargo, Juan Manuel Barragán es optimista en cuanto a que la provincia gaditana tiene aún «numerosos espacios naturales, que requieren de políticas que los conserven» y alejadas de «sueños especulativos a los que la crisis actual le ha puesto cerco».
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