Visto para sentencia el juicio al edil de Asuntos Sociales por presuntos malos tratos
Se enfrenta a seis meses de prisión
Actualizado: GuardarEl concejal de Tercera Edad, Asuntos Sociales y Fiestas del gobierno cuatripartito, Manuel Guerrero (PA), acudió en la mañana de ayer a los juzgados de la capital gaditana para sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar.
Tras celebrarse la vista que lo enfrenta a su hermana por un presunto episodio violento entre ambos, el juicio quedó visto para sentencia por parte del magistrado, resolución que podría hacerse pública en las próximas semanas.
De momento, el edil se enfrenta a una posible condena de seis meses de prisión y a una indemnización cercana a los mil euros si es declarado culpable de unos hechos que se remontan a varios meses atrás, y que saltaron a la luz pública por tratarse de un representante público con responsabilidad en el Ayuntamiento de Chiclana.
El fiscal mantiene la petición de seis meses de privación de libertad para Guerrero, que no quiso realizar ayer ningún tipo de declaraciones a LA VOZ, pero que sí confirmó la celebración del juicio.
Este turbio asunto está pendiente de que se conozca la sentencia en firme; Manuel Guerrero, que fuera concejal del PSA durante la pasada legislatura y que se presentó en 2007 a las elecciones municipales como cabeza de lista del Partido Andalucista, es concejal delegado de Tercera Edad, Asuntos Sociales y Fiestas después de apoyar el gobierno en coalición junto a PP, IU y PSA.
El edil chiclanero ha defendido que es inocente de los cargos que se le imputan. Según ha podido saber este medio, ambas partes no llegaron a un acuerdo previo que evitara la celebración del juicio.
La denuncia por presunto maltrato fue derivada a los juzgados de lo penal de Cádiz desde el juzgado de instrucción de Chiclana hace unos meses
Nadie del equipo de Gobierno ha valorado el asunto; sin embargo, algunos de sus compañeros consideran que los hechos pertenecen a la esfera privada del edil. De ser condenado podría ser apartado de sus funciones públicas.
