Condenados del 11- M recuperan en el Supremo la 'teoría de la conspiración'

La 'teoría de la conspiración' del 11-M resucitó al segundo día de sesiones en el Tribunal Supremo. Abogados de los principales condenados por la masacre recuperaron ayer aquella elucubración en un intento de sembrar dudas sobre la limpieza de la investigación y lograr así la exculpación de sus clientes.

El trámite de casación no permite modificar el relato de hechos que la sentencia de la Audiencia Nacional consideró probados, pero los defensores aprovecharon sus alegatos para denunciar que el trabajo de la Policía no fue riguroso y que coaccionó a los detenidos para afianzar la pista islamista a costa de despreciar otras.

La punta de lanza de la ofensiva 'conspiratoria' esta vez no fueron la Asociación de Víctimas del Terrorismo ni la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Fue el letrado José Luis Abascal, abogado del sirio Basel Ghalyoun, condenado a doce años de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Este abogado ya se había revelado durante el juicio en primera instancia como uno de los más firmes propagandistas de la teoría que defendió la posible intervención de ETA en el atentado, y ayer insistió ante el Supremo en que las fuerzas de Seguridad forzaron las investigaciones para achacar los atentados a Al Qaeda. Volvió también a poner en duda que el explosivo usado en los trenes fuera Goma 2 procedente de las minas asturianas.

La vía islamista

«La estimación por el tribunal de que el explosivo utilizado en los atentados del 11 de marzo en Madrid fuera Goma 2 ECO conllevó a que la investigación se dirigiera a la vía islamista y que en esa dirección, finalmente, fuera acusado mi cliente», explicó el letrado antes de que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el magistrado Juan Saavedra, cortara de raíz el nuevo intento de abonar teorías alternativas en sede judicial.

La llamada de atención no achantó al abogado, que insistió en que desde un principio las pruebas periciales sobre los explosivos se hicieron «mal» por el afán de llegar a los islamistas.

Esta obsesión policial es la responsable, según Abascal, de que se produjera un 'efecto Rosenthal', es decir, que las expectativas de que algo ocurra terminan por transformar la realidad.

Abascal no fue el único en empeñarse en desenterrar la teoría que la sentencia de la Audiencia Nacional dio por muerta hace ocho meses. Francisco Andújar, el letrado de Youssef Belhadj, condenado a doce años por pertenencia a banda terrorista, puso el énfasis en las supuestas manipulaciones de la Policía para lograr implicar a su defendido. Llegó a afirmar el defensor que los investigadores sometieron a «torturas psicológicas» al entorno familiar de su cliente para conseguir pruebas, y señaló que el secreto sumarial impidió a su defensa ahondar en la investigación.

Andújar también denunció irregularidades en el examen de la cinta en la que los terroristas del 11-M reivindicaron el atentado dos días después. En principio, las fuerzas de Seguridad identificaron por error a su cliente Belhadj como uno de los activistas que aparecían encapuchados en la grabación.

El abogado José Luis Laso, defensor de Abdelillah El Fadual El Akil, condenado a nueve años por colaboración con banda armada, también trató de poner en duda la investigación y recriminó a la Policía que realizara registros irregulares con el único objetivo de encausar a su defendido. Isabel García Moreno, letrada de Mohamed Bouharrat, condenado a doce años, se apuntó a las críticas a los investigadores policiales, a los que acusó de implicar a ciudadanos extranjeros mediante pruebas periciales de escritura árabe, un idioma que desconocen por completo.

No fueron un grupo

Siete de los once letrados que intervinieron en la sesión de ayer adujeron argumentos distintos a la 'teoría de la conspiración' para atacar la sentencia de la Audiencia Nacional.

José Luis Borraz, abogado de Hasan El Haski, condenado a quince años como dirigente de una organización terrorista, reprochó al tribunal sentenciador que condenara a su defendido como cabecilla de un grupo islamista cuya existencia, según su versión, nunca ha sido confirmada.

La defensa de Mohamed Larbi Ben Salam denunció que su cliente fue condenado a doce años de cárcel porque su huella apareció en un libro recuperado del piso de Leganés donde se suicidó el comando.

La sentencia de la Audiencia Nacional también aduce en su contra que compró un teléfono para que los padres de uno de los autores materiales de la masacre se comunicaran con su hijo en Irak antes de suicidarse, algo que el abogado Julio Sánchez calificó de mero «acto humanitario».

Hoy concluirán sus alegatos los defensores de los condenados. Intervendrán, entre otros, los abogados del presunto cerebro de los atentados, Rabei Osman El Sayed, absuelto en la Audiencia Nacional, y el letrado de Abdelmajid Bouchar, el terrorista que huyó de la casa de Leganés antes de que la vivienda fuera cercada por la Policía. Después, fiscal y acusaciones podrán rebatir los argumentos de los defensores.