Un debate necesario y una sabia decisión

Muchos fueron los que se apuntaron y abanderaron esa situación y exigieron su puesta en práctica en España. Y quién mejor que el presidente de la Junta de Andalucía que necesita de eslóganes permanentes («Andalucía imparable»), para asumir una proposición inasumible por el Gobierno de la nación por aquel entonces, pero al que había que contradecir porque simplemente había encauzado la senda de la racionalidad económica y había hecho realidad la convergencia con Europa, cuando poco tiempo antes parecía una tarea imposible.

Pues bien, aquí en España, el encargado de enarbolar la bandera del reparto del trabajo, afrancesando nuestra vida, pero no para lo bueno, sino para todo lo contrario, fue el mismo del eslogan de «Andalucía imparable», imparable para retroceder en la convergencia de la renta media española, de la que nos alejamos en lugar de acercarnos, ello a pesar de haberse invertido ingentes y astronómicas cantidades de fondos europeos de toda índole y naturaleza. La propuesta fue perdiendo fuerza en Andalucía, hasta considerarse algo testimonial y olvidado, que pasó al baúl de los recuerdos. Los actuales mandatarios franceses también la rechazan ahora, precisamente argumentando la necesidad de equilibrar las cuentas públicas de un país en quiebra y ante la imperiosa necesidad de hacer un país productivo que pueda competir en el exterior y recuperar la senda del crecimiento como potencia económica que siempre fue.

Ahora le toca el turno a Europa, con una decisión polémica desde luego, pero acertada y racional también. El Gobierno español se ha quedado solo en la defensa de la actual regulación consistente en las 48 horas semanales, ante el Consejo de Ministros de trabajo de la Unión. Lo que se ha aprobado consiste en el respeto a las partes contratantes, empresa y trabajador, para que bajo ciertas condiciones ambos puedan pactar una jornada laboral de hasta un máximo de 60 horas, que pueden extenderse a las 65 cuando se trata de guardias médicas. Se pretende adaptarse a la realidad de la diversidad y pluralidad de la propia configuración de la sociedad.

La Unión Europea se ha expresado a través de sus instituciones de forma seria y bajo el influjo y espíritu de los propios tratados que la inspiraron e inspiran actualmente. Europa es un mercado, un mercado común, pero es más, es la vanguardia mundial del respeto de los derechos y las libertades y el máximo exponente del Estado del Bienestar en el mundo. Pero, si el Estado del Bienestar es el paradigma de las aspiraciones sociales y colectivas de los individuos asociados mediante lazos políticos, requiere una situación de crecimiento económico permanente y estable, con altas tasas de productividad de los ciudadanos.

Lo aprobado ahora, supone la posible extensión de la jornada tal y como hoy está concebida y está directamente relacionado con el concepto de productividad, como el único concepto determinante del crecimiento económico y del bienestar social. La Unión Europea ha dado muestras sobradas de sensatez, si pretende mantener el estatus de sus ciudadanos en el futuro próximo y menos próximo con la decisión adoptada, dando un paso importante hacia la liberalización de las relaciones laborales. Ello supone en el caso español más si cabe que en la gran mayoría de países europeos, la ruptura con la concepción tuitiva del Derecho del Trabajo, sujeto además a una constante intervención de la Administración en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Sólo un ejemplo. Entre diez y quince años, los niveles de productividad de los ciudadanos españoles activos, teniendo en cuenta que la misma mide la producción de bienes y servicios por hora de trabajo trabajada, tendrá que subir ostensiblemente si queremos mantener el nivel de vida los ciudadanos que se encuentren en activo y al unísono deberán financiar el sistema público de pensiones, porque, no se nos olvide, el régimen económico financiero de la Seguridad Social española es el de «reparto», que exige y descansa sobre la base de la solidaridad intergeneracional.

Tengo la absoluta certeza de que la decisión ahora comentada ha tenido en cuenta la problemática de los sistemas europeos de Seguridad Social, abocados a la quiebra, más temprano que tarde si no se toman medidas contundentes, que fundamentalmente garanticen el crecimiento de la tasa de productividad, como soporte vital del estado del bienestar, al que a buen seguro ninguno queremos renunciar. La oposición española al proyecto de directiva se basa en el folclore y la demagogia, máxime cuando la posición de la mayoría cualificada del resto de países, entre los que se encuentran Suecia, Holanda, Dinamarca o Alemania, paradigmas precisamente del estado social y del bienestar, apoyan la misma sobre la base de la decidida apuesta por el modelo social europeo.

El proyecto de directiva no pretende ni mucho menos un cambio radical y absoluto en la ordenación del tiempo de trabajo, siendo su auténtica pretensión ampliar el marco de alternativas posibles de prestación de tiempo de trabajo en determinados sectores y ante ciertas circunstancias, fundamentándose ello en la incidencia que la apertura de los mercados a nivel mundial puede tener en lo constreñido y limitado del mercado de trabajo europeo tal como hoy es concebido, que necesita una apuesta definitiva basada en la diversidad y flexibilidad de las regulaciones sobre la jornada de trabajo, como único medio de adecuar las empresas a un entorno global y dinámico. Europa aportó a España ingentes cantidades de dinero a través de los Fondos de Cohesión que hicieron posible el milagro español de final de siglo XX, ahora Europa preserva con esta decisión nuestro futuro, el de todos, los europeos y los españoles por supuesto para el siglo XXI.