El PP propone «un plan de choque» para el Hospital de Jerez durante el verano
«El cierre de camas en el Hospital de Jerez durante el verano es desproporcionado e inadecuado». Es lo que piensan los concejales del Partido Popular que propusieron ayer implantar «un plan de choque hospitalario» que evite esta disminución de plazas porque «la población se multiplica en estos meses debido a los turistas». Según María José García-Pelayo, el centro sanitario jerezano «necesita más camas y las obras del Servicio Andaluz de Salud, que son una operación de cirugía estética, no van a generar más camas».
Actualizado:Además de la demanda de plazas de hospitalización, la edil popular destacó otros aspectos del plan de vacaciones del Hospital: «Habrá un déficit en la atención sanitaria porque en el mes de agosto no habrá consultas externas por la tarde». También criticó el cierre del 50% de los quirófanos en agosto y del 20% en julio y septiembre» y la «fuga de médicos que se producirá en Urgencias». Según Pelayo, «las listas se incrementarán a lo largo del verano».
Ante esta situación, el Partido Popular ha presentado en el Parlamento Andaluz una Proposición de Ley sobre el derecho de tiempos máximos de respuesta en listas de espera del sistema sanitario público de Andalucía. «Con las listas de espera hay mucho secretismo: las que se publican son las de hace un año», denunció García-Pelayo.
Actualmente, los tiempos máximos de respuesta están estipulados en un Decreto-Ley: «Creemos que es un derecho fundamental que debe estar desarrollado por una ley». Mientras que ahora los plazos están limitados a 120 días para procesos quirúrgicos y 60 para consultas especializadas y pruebas diagnósticas, los populares piden una reducción drástica que limite a 60 días el tiempo de espera para las operaciones, a 15 el de la primera consulta especializada y a diez días las pruebas diagnósticas. Además, proponen la creación de dos registros de pacientes y de comités técnicos formados por profesionales que trabajen en Hospitales públicos de forma que se garantice la organización y el derecho de información a los ciudadanos «que no saben en qué puesto se encuentran». También solicitan la presentación obligatoria de un informe durante el primer trimestre de cada año ante el Parlamento «que evite el descontrol».