La libertad se llama castellano

La vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que «no hay problema alguno con la lengua». La ministra Cabrera ha insistido en lo mismo. Ninguna de las dos quiere reconocer que en las comunidades «históricas» se da una violación constante de derechos en relación con el uso del idioma oficial. Las dos juegan con la ambigüedad de identificar las críticas expresadas en el Manifiesto del partido de Rosa Diez con la salud del castellano como lengua. A su vez, los autores del Manifiesto tratan de evitar la expresión «castellano» a la hora de reivindicar el derecho a utilizar la «lengua común», la «oficial» del Estado. De este modo los primeros tratan de vender la riqueza cultural que supone el pluralismo idiomático y los segundos se resisten a admitir que, a la hora de la verdad, la lengua común no es otra sino el castellano o español. No una abstracción. Se diría que los firmantes del Manifiesto no se atreven a afirmar que la violación de los derechos de los ciudadanos se da cuando a estos se les niega el acceso al castellano ya sea en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Es la negación y la erradicación del castellano o español en estas comunidades y no precisamente la del catalán o vasco o gallego.