Mugabe da forma legal a su paranoia
El presidente de Zimbabue es investido jefe de Estado por sexta vez al obtener el 85% de los votos en unas elecciones sin oposición
Actualizado: GuardarEl presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, asumió ayer oficialmente un nuevo mandato de cinco años para regir la república africana, menos de 48 horas después de la celebración de la segunda vuelta de los comicios. Según la Comisión Electoral, el antiguo guerrillero obtuvo el 85,51% de los votos emitidos con una participación del 42,37%, la misma que se registró en la primera convocatoria del 29 de marzo.
Curiosamente, dicho organismo tardó cinco semanas en hacer públicos los resultados correspondientes a esa consulta inicial, en la que la oposición consiguió el 47,9% de las papeletas frente al 43,2% del ZANU, el partido en el poder desde hace veintiocho años. Las denuncias sobre la ilegalidad de estas elecciones se han disparado, ya que se produjeron dos meses después de la realización del primer llamamiento a las urnas, cuando la ley nacional prevé un límite de 21 días entre una ronda y otra. En una comparecencia televisada previa a su investidura, Robert Mugabe expresó su alegría por la «victoria arrolladora». El diario oficialista 'Sunday Mail' le atribuye la intención de negociar con la oposición para encontrar un acuerdo.
El medio de comunicación asegura que así se lo hizo saber a Ahmed Tejan Kabbah, miembro del equipo de observadores de la Unión Africana desplazados a Harare. Según fuentes oficiales citadas por el periódico, el estadista condiciona los contactos con el partido contrario a que sean «una reunión de nuestras mentes, no una reunión de las mentes de otros a través nuestro».
Ola de represión
Morgan Tsvangirai, líder de las fuerzas contrarias a Mugabe, anunció el pasado domingo su retirada de la campaña por la ola de represión y violencia que ya había causado, hasta entonces, la muerte de setenta de sus partidarios a manos de los paramilitares. Por este motivo apeló a la abstención. Sin embargo, el organismo electoral no retiró sus papeletas alegando que era demasiado tarde según los estatutos, y le adjudica 233.000 votos. También señala que hubo 131.481 votos nulos.
El líder del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) declinó la invitación para asistir al acto de investidura y pidió a las autoridades africanas que no reconozcan la validez del proceso. «El mundo entero lo ha condenado», explicó. «El pueblo de Zimbabue no dará legitimidad ni apoyo a este acto». Tsvangirai se mostró dispuesto a conversar con el octogenario presidente si éste no cumplía su intención de seguir adelante con un sufragio denostado por la comunidad internacional.
Frente a esta disposición conciliadora, se siguen produciendo declaraciones de condena. Los observadores enviados por el Parlamento Panafricano han solicitado la celebración de una nueva consulta. Marwick Khumalo, máximo responsable del equipo supervisor, denunció la falta de condiciones para ejercer el derecho al voto en Zimbabue. «El ambiente actual que predomina en el país no cumple con las condiciones para la celebración de elecciones democráticas libres y justas. Estas elecciones no fueron libres ni justas», afirmó. Khumalo reconoció que habían pedido a la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) que mediara para permitir un diálogo entre el Gobierno y la oposición con miras a conseguir un acuerdo de transición.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch publicó ayer un informe en el que destacaba la situación de tensión sufrida por la población que no acudía a votar. El documento revela que, en las primeras horas del sábado, seguidores del ZANU-PF, el partido gubernamental, iban de puerta en puerta forzando a la gente a que enseñara la tinta en sus manos como señal de que habían pasado por los colegios electorales. Aquellos cuyos dedos evidenciaban su abstención eran llevados a las sedes de la formación, donde eran golpeados con bastones y palos.
Entretanto, la Administración de Mugabe concita un repudio unánime. Además del rechazo de la Sadc, organización regional de gran ascendiente político, EE UU, Reino Unido y la UE han amenazado con nuevas sanciones.